A través de un comunicado, Jucil reclamó la "depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel" tras conocerse ese documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), en el que se apunta que los gendarmes marroquíes colaboraron en esa entrada masiva de decenas de miles de migrantes el pasado julio.

Desde la asociación insistieron en que llevan denunciando la "grave situación" que se vive en la ciudad autónoma "desde que se produjo la avalancha" y subrayaron que "la inacción del ministerio ante este aviso formal constituye una negligencia inaceptable en la gestión de la seguridad nacional". En este sentido, consideran "intolerable" que, "contando con análisis predictivos claros sobre la amenaza en la frontera, las decisiones operativas del Gobierno dejaran desprotegida a la ciudad autónoma".

"La falta de refuerzos y de previsión táctica provocó una situación de extrema vulnerabilidad que afectó de manera directa a la tranquilidad de la ciudadanía ceutí y sobrecargó de nuevo a los efectivos desplegados en la zona", añadieron al respecto.

Al mismo tiempo, Jucil reiteró que "quienes soportaron directamente las consecuencias de la inacción del Gobierno fueron, una vez más, los guardias civiles desplegados", porque, pese a existir "una alerta previa y por escrito sobre el riesgo extremo de una entrada masiva", los agentes tuvieron que afrontar la situación "sin los refuerzos, la planificación y el respaldo operativo necesarios, quedando expuestos a un peligro grave que podría haberse evitado".

Así, denunció un "desamparo operativo e institucional" que consideran "inadmisible", pues remarcó que "no se puede exigir" a los agentes que "constituyan la última barrera de protección de la frontera española mientras quienes conocían la amenaza y tenían la obligación de anticiparse permanecen al margen de sus responsabilidades".