Así lo apuntaron en un comunicado, en el que también confirman que mañana acudirán a Bruselas para "apoyar una directiva europea que busca establecer condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, y reconocer la profesión de riesgo a todas las policías".

Pese a estas cifras, Jucil señala que, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, se registra un descenso del 11%,. Eso sí, denuncia que "las cifras actuales siguen superando claramente los guarismos de 2022 y 2023, lo que confirma que la violencia contra los agentes no es un fenómeno puntual, sino un problema estructural que se mantiene en el tiempo".

Así, consideran "especialmente preocupante" el impacto directo de estas agresiones en la salud de los guardias civiles. "El 47% de los incidentes que generan absentismo laboral tienen su origen en agresiones sufridas durante el ejercicio de sus funciones, lo que evidencia el alto nivel de riesgo al que se enfrentan los agentes y la insuficiencia de las medidas de protección y de respaldo institucional", pone de relieve la asociación.

Unos datos estos con los que Jucil critica que desde el Ministerio del Interior "continúa sin reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo". De ahí que este miércoles viajen a Bruselas para mantener una reunión con el Grupo Popular Europeo, "que trabaja en el impulso de una futura directiva europea relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para los agentes de policía y a su consideración como profesiones de riesgo".

"BATALLA JUDICIAL"

Al mismo tiempo, desde Jucil recuerdan que mantienen abierta "una batalla judicial en el Tribunal Supremo, que el pasado octubre admitió a trámite su solicitud de extensión de los efectos de la sentencia que reconoce la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional adscritos al régimen de la Seguridad Social".

“La sociedad exige mucho a sus guardias civiles, pero no se nos protege con justicia”, critican mientras añaden que es "una injusticia institucional que debe corregirse cuanto antes, dado que otras policías autonómicas o locales sí tienen reconocido este derecho". “Estamos hablando de vidas humanas puestas al servicio de todos los ciudadanos, muchas veces en condiciones precarias y sin respaldo”, insistieron.

Junto a ello, subrayan que "los guardias carecen del respaldo legal y administrativo suficiente para repeler con seguridad y eficacia las agresiones, sin temor a ser sancionados o sometidos a expedientes disciplinarios”.

MATERIALES

Asimismo, la asociación vuelve a reclamar "la implementación de medidas materiales y de prevención adecuadas, que permitan a los guardias civiles desempeñar sus funciones con la seguridad que merecen". Es imprescindible que el Gobierno actúe de inmediato para proporcionar recursos y herramientas que minimicen los riesgos a los que están expuestos los agentes”.

Por ejemplo, consideran "imprescindible" la dotación de defensas extensibles, "una por cada Guardia Civil"; pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla; cámaras unipersonales; chalecos antibalas individuales, "pues actualmente se comparten y muchas veces utilizando otras tallas"; chalecos antibalas y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo; fundas de pistola antihurto y vehículos modernizados. Además de "protocolos de custodia de detenidos y para evitar desplazamientos en solitario de un único efectivo para formar patrulla".