En el informe presentado hoy, censuran que los hechos sucedidos a raíz del caso de la exmilitante socialista Leire Díez “deja en una posición de vulnerabilidad” a todos los miembros de la Guardia Civil y “transmite una falta de liderazgo y compromiso” con la defensa de los agentes.

Destacan que la Guardia Civil como institución “debe estar por encima de intereses espurios”, y recalcan también que es “urgente proteger su independencia a toda costa y esa tarea le atañe al ministro del Interior y a la directora general”.

La igualdad en la aplicación de la ley “exige de forma totalmente inequívoca” que todos los ciudadanos “sean tratados en igualdad de condiciones" y sin "favoritismos”. En el documento aseguran que las presiones sobre la UCO provocan noticias falsas y no contribuyen a la investigación.