A través de un comunicado difundido este martes, Jucil explicó que su secretario general, Ángel Ignacio Lezcano, intervino ayer en la ponencia para el análisis del proceso de regularización extraordinaria en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde aprovechó para trasladar la "necesidad" de "pasar de los refuerzos improvisados" a un modelo "permanente de preparación y respuesta fronteriza, con planificación previa, unidades disponibles, medios suficientes y una cadena de mando claramente definida".

En concreto, la asociación plantea la creación de una Agrupación de Seguridad de Fronteras Terrestres de la Guardia Civil, concebida como una "estructura especializada" capaz de integrar, "bajo protocolos y mando definidos", las capacidades de Seguridad Ciudadana, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) o la Unidad de Acción Rural (UAR), el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Servicio Marítimo y Policía Judicial, fiscal y fronteras, así como sistemas aéreos no tripulados.

Según Jucil, Ceuta y Melilla requieren "una planificación específica y permanente" que permita "activar recursos con rapidez cuando se produzcan situaciones de presión extraordinaria", como fue el caso de la entrada masiva de decenas de miles de migrantes del pasado julio. Por ello, proponen la aprobación de un "Plan Permanente de Preparación y Refuerzo Fronterizo" que establezca diferentes niveles de activación y determine con antelación qué unidades pueden desplegarse, quién asumirá el mando, qué medios estarán disponibles y cuáles serán las condiciones de alojamiento, dietas, relevos y asistencia sanitaria de los agentes.

Y es que consideran que las recientes "situaciones extraordinarias" en Ceuta debe servir para "identificar las carencias detectadas" y "convertirlas en capacidades", evitando que cada episodio de presión fronteriza "obligue a improvisar un dispositivo de respuesta".

Asimismo, la asociación trasladó otras propuestas, como la incorporación de información pertinente de la Guardia Civil a los procedimientos, el refuerzo de los mecanismos contra el fraude organizado, la creación de una estructura permanente contra las redes criminales del sur, el impulso de la investigación patrimonial y una mayor protección operativa y jurídica de los agentes. En este sentido, Jucil exige que la respuesta frente al crimen organizado en el litoral andaluz cuente con "estructuras estables" y "no únicamente dispositivos temporales", recuperando así capacidades integradas de inteligencia, investigación supraterritorial, apoyo operativo, coordinación marítima e investigación económica y patrimonial, lo que se suma a la reivindicación de recuperar OCON-Sur.