El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, y el secretario de Organización, Ángel Lezcano, se desplazaron hasta la capital belga para reunirse con la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, para trasladarle el "profundo malestar por el abandono que sufre la Benemérita por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la flagrante falta de diálogo del Gobierno español".

Una reunión esta que calificaron de "hito", pues desde la asociación ven en el Grupo Popular Europeo "un buen cauce para la difusión de sus demandas". "Esta actitud de comprensión y diálogo contrasta duramente con la del Gobierno español, que ni siquiera ha contestado a la reclamación colectiva presentada por Jucil ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa", destacaron. Así, Jucil apeló al sistema de reclamaciones colectivas del CEDS, un organismo del Consejo de Europa, para determinar si la legislación española es conforme con la Carta Social Europea, ratificada por España.

“Jucil defiende en Europa lo que se nos niega en España, la necesidad de que los guardias civiles tengan el derecho a la sindicación y a la negociación colectiva para defender nuestros derechos laborales. Entendemos que estos derechos, especialmente el de huelga, estén restringidos de alguna forma, pero no prohibidos. Deben ser regulados y sus limitaciones, compensadas”, señaló Vilariño.

El argumento esgrimido los dirigentes de la asociación se fundamenta en que "la prohibición total de la sindicación, negociación colectiva y huelga contraviene los artículos 5 y 6 de la Carta Social Europea, que garantizan el derecho de los trabajadores a asociarse libremente y a la negociación colectiva".

Además de la defensa de los derechos sindicales, Jucil también trasladó a Montserrat sus demandas "históricas y urgentes para mejorar las condiciones de trabajo de la Guardia Civil". En este sentido, se refirieron a la equiparación salarial completa con las policías autonómicas, destacando que "un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso y 12.000 euros menos que un ertzaina por desempeñar las mismas funciones".

Asimismo, pusieron sobre la mesa la necesidad de reconocer a los miembros del Cuerpo "una jubilación digna", pues actualmente, explicaron, dejan de trabajar seis años más tarde que un policía local o autonómico, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

Por otro lado, le trasladaron su "inquietud" respecto a las condiciones laborales de la Guardia Civil, señalando que "no es concebible que dos cuerpos policiales que dependen del mismo Ministerio del Interior tengan condiciones distintas, ya que un policía nacional trabaja un mes menos al año que un guardia civil". De ahí que reclamen "el establecimiento del turno 6x6, ya implementado en la Policía Nacional".

Para finalizar, la representante del PPE pudo escuchar de primera mano cómo "los agentes han perdido el principio de autoridad entre la ciudadanía, hecho que queda reflejado en los más de 16.800 efectivos agredidos a lo largo de 2024, lo que conecta con la inexplicable falta de consideración de estos trabajadores como profesión de riesgo, algo que sí ocurre con policías autonómicas y municipales". Una situación ante la que Montserrat se comprometió a impulsar en la Unión Europea el reconocimiento de estos cuerpos como profesión de riesgo.

Esta reunión en Bruselas se produce un día después de la concentración que policías y guardias civiles realizaron ante el Ministerio del Interior y tras la reunión que mantuvieron ocn el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien, entre otros asuntos, expresaron su "profunda preocupación" por el aumento de agresiones a agentes