Durante la concentración se dio lectura a un comunicado que fue leído por los portavoces de las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes: María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV); Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI); Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) y Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El manifiesto asegura que la protesta “no es contra el Poder Ejecutivo” y tampoco “contra el Poder Legislativo: es un acto a favor del Poder Judicial. Estamos aquí para defender lo de todos”.

Los convocantes recordaron que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de derecho basado en el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de “toda injerencia política”, que es “clave para hablar de una democracia real”.

Entienden los convocantes que los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal “no responden a demanda social alguna” y se tramitan por el procedimiento de urgencia “sin ninguna razón para ello”.

A su entender, estos proyectos rebajarán la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo pruebas “más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Critican también el intento de crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, “con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país”. Además, se convertirá a 1.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales o a quienes acumulen cinco años de experiencia, violentando “los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”.

INSULTOS CONTRA SÁNCHEZ

Durante la protesta se escucharon gritos pidiendo “independencia judicial” pero también se oyó a un hombre proclamando: “Pedro Sánchez, hijo de puta”. En ese momento estaba dando lectura al manifiesto Sergio Oliva quien advirtió que “quien insulta. Se define a sí mismo” y que “los insultos nos perjudican”. Concluyendo que “los insultos que se escuchen no son de jueces y fiscales”.

Los manifestantes aseguran también que, en lo referido a reforma del Estatuto Fiscal, que “se quiere aumentar el poder del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo. A la vez se pretenden eliminar las garantías de autonomía de los fiscales, reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes”.

Recuerdan estas asociaciones que se quiere entregar la instrucción de las causas a los fiscales, lo que significa entregarles “el mando de la Policía judicial (UCO y Udyco incluidas) y la investigación de los delitos”.

En ese sentido, los manifestantes elogiaron la “alta capacitación y la profesionalidad de los fiscales” pero cuestionan “el riesgo de injerencias políticas en las causas que interesan a cualquier Gobierno, que son las causas de corrupción”.

Añaden que estas reformas se abordan en “un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía” que les impulsa a exigir “que la política saque sus manos de la judicatura y de la fiscalía”, evitando así que esas modificaciones conviertan al Poder Judicial en “un poder con minúscula, un poder más débil en su función de servir de contrapeso, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder político”. Por estas razones, los convocantes piden la retirada de ambos proyectos y advierten que irán a la huelga y que “el Estado de derecho no es de izquierdas ni es de derechas: es de todos”.

HUELGA EN UNOS DÍAS

Las cinco asociaciones de jueces y fiscales conservadoras ya han anunciado que mantienen la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les advirtió de que carecía de sustento normativo, informando además de que fijarán servicios mínimos. Tan sólo la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Asociación Progresista de Fiscales (APF), de perfil progresista, no secundan el paro.

El CGPJ resolvió el pasado jueves que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, "por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria" ni fijar servicios mínimos.

También el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comunicó el viernes en un escrito remitido a todos los fiscales jefes que el Ministerio Público que no tiene competencias para fijar servicios mínimos en la huelga de tres días de la semana que viene y que la Inspección vigilará las posibles incidencias durante esas jornadas.

Asimismo alude al acuerdo adoptado por unanimidad por el pleno del CGPJ, que estableció que "el ejercicio de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga" ni fijar servicios mínimos, "al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello".

LA FISCALÍA ADVIERTE

La Fiscalía General del Estado insiste en que tendrán que “garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención" del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos" y aquellos señalamientos fijados con anterioridad que se hayan mantenido.

Las asociaciones convocantes defienden que “el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución y, como tal, “no cabe interpretación restrictiva”, por lo que “la ausencia de normativa específica de desarrollo” no puede suponer la exclusión de jueces y magistrados.

En un comunicado, los convocantes insisten en que la huelga es “un derecho de titularidad individual, que cada persona puede ejercer de manera autónoma y sin necesidad de autorización o comunicación previa”, por lo que “no existe obligación legal de comunicar por adelantado la decisión de ejercer el derecho de huelga”. Por ello, advierten que cualquier intento de obstaculizar la protesta será “una infracción muy grave”.

El Comité de Huelga ha habilitado unas direcciones de correo electrónico donde todos aquellos jueces y fiscales que lo deseen podrán comunicar, “de forma voluntaria y confidencial, su decisión de secundar la huelga”. Además, este Comité se ha ocupado de establecer unos servicios mínimos para “garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía”.

Tras estos primeros días de huelga, los convocantes llevarán a cabo una evaluación conjunta de la situación y tomarán decisiones de manera coordinada sobre la ampliación de la huelga y las fechas.