Los firmantes de este comunicado son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que parten de la investigación sobre la presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, "para deslegitimar a miembros del poder judicial" y, con ello, "frenar procesos que afectan a dicho partido o al Gobierno español".

En este sentido, ponen de relieve que en los últimos días se han ido publicando en diferentes medios de comunicación informaciones sobre "actuaciones cometidas en el ámbito de esa trama, consistentes en investigaciones secretas a una magistrada, Beatriz Biedma Rojano", la jueza del caso que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. Unas actuaciones que, subrayan, "incluirían espionajes a su persona, familia y entorno, con el fin de hostigarla y desacreditarla".

En este sentido, recuerdan que hace un año ya trasladaron su apoyo a esta magistrada tras conocerse que podría estar sufriendo "presiones". De ahí que remarquen que las últimas publicaciones al respecto vendrían a "ratificar lo que por aquel entonces se venía apuntando". Por ello, aseguran que "causa una profunda inquietud la posibilidad de que las supuestas estrategias de deslegitimación hayan afectado no solo a una compañera concreta, sino a una pluralidad de integrantes de la judicatura".

Al mismo tiempo, señalan que en los últimos años han sido "frecuentes los ataques desde la política a miembros del poder judicial, sin más fundamento que el de discrepar del contenido de las resoluciones dictadas", pero consideran que lo que está ocurriendo y se está conociendo "va mucho más allá", pues "apuntaría a una estrategia orquestada para atentar contra la independencia judicial".

Es por ello que consideran insuficiente la declaración emitida hoy por la Comisión Permanente del CGPJ, en la que expresa su “preocupación” por las manifestaciones de responsables de altas instituciones del Estado “cuestionando la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales”. Así, critican "la falta de contundencia" y "el silencio del CGPJ" ante dichas informaciones. Asimismo, lamentan "la ausencia de reacción por parte de la Fiscalía General del Estado, ignorando su deber legal de defender la independencia judicial".

Las asociaciones concluyen avisando de que se mantendrán "expectantes ante lo que resulte de las diligencias que se están instruyendo" y que adoptarán las medidas que estimen oportunas, "en el ámbito estatal y europeo, en interés no solo de los jueces, juezas, magistrados o magistradas directamente concernidos, sino en el de todos los miembros de la carrera judicial". Y señalan que la "tranquilidad en el desarrollo de su trabajo no ha de verse perturbada".