Rodríguez declaró a Servimedia que, aunque en teoría puede "ocurrir cualquier cosa", lo más probable es que se ratifique la decisión de autorizar el traslado, ya que hay una ley del Parlamento que dice "claramente" que el patrimonio que fue incautado durante la Guerra Civil tienen que volver "a su legítimo dueño". A su juicio, esa ley difícilmente podrá ser desoída por los tribunales.

El portavoz de Jueces para la Democracia eludió pronunciarse sobre si la medida tomada por la Audiencia Nacional es adecuada o no ya que, en su opinión, la detención del traslado de los "papeles" a Cataluña es "una decisión provisional tomada cautelarmente" y "lo importante es esperar a la resolución definitiva del recurso contencioso-administrativo presentado el Ayuntamiento de Salamanca".

Explicó que se ha establecido un procedimiento para designar qué documentos se pueden trasladar y cuáles no. Según matizó, si se ha incumplido este procedimiento, el tribunal podrá exigir que se adopten las medidas necesarias para que se cumpla lo dispuesto en la ley.