La organización recordó en un comunicado que el artículo 45 de la Constitución impone a los poderes públicos, entre ellos el Judicial, la obligación de velar por la protección del medio ambiente, para lo que prevé sanciones penales y adinistrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

A su juicio, los jueces desempeñan un papel fundamental que deben asumir con responsabilidad "en la tarea de conciliar desarrollo y protección ambiental".

Sin embargo, para un ejercicio más efectivo de esa misión constitucional, Jueces para la Democracia propone una serie de medidas que, en el orden penal, se concretan en una mejora de la descripción del delito ecológico, superando las insuficiencias y deficiencias que, a su juicio,tiene en el Código Penal.

Además, aboga por la adopción de una posición más activa en la investigación de las conductas gravemente atentatorias contra el medio ambiente, siguiendo la línea iniciada por una circular de 1990 de la Fiscalía General del Estado, y reclama más medios para la instrucción y enjuiciamiento de conductas complejas, incluyendo una policía judicial especializada y adecuadamente dotada.

En el ámbito administrativo, la asociación judicial apuesta por un sistema homogéneo y competo de protección administrativa del medio ambiente, que esté sistematizado y articulado en una normativa básica que supere la actual regulación sectorial que, en su opinión, es caduca, dispersa y, en muchos casos, obsoleta.

Además, pide un control más eficaz de la actuación administrativa, que vele por el adecuado cumplimiento de las normativas de protección ambiental, especialmente de los estudios de impacto ambiental, al tiempo que propone una profundización en el estudio de los mecanismos administativos de exigencia de medidas anticontaminantes y de reparación del daño causado.

También hace una serie de propuestas para el orden civil, entre las que figura una concienciación de los ciudadanos sobre la idea de que también a la jurisdicción civil le corresponde un destacado papel en la protección ambiental, a través de instrumentos como la acción negatoria e, incluso, interdictal, las relaciones de vecindad, el abuso del derecho o la responsabilidad extracontractual.

Asimismo, destaca la necsidad de superar el sistema de responsabilidad civil fundamentado en el principio "quien contamina, paga", ya que, a su juicio, la máxima se ha convertido en "quien paga, contamina".

Finalmente, también en el ámbito civil, Jueces para la Democracia propone impulsar el estudio de mecanismos procesales que faciliten la intervención de asociaciones de afectados.