En un auto, el juez recuerda el auto de 2015 en el que se admitió la denuncia presentada por Consuelo Ordoñez contra los cinco exjefes de ETA por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hermano como miembros del comité ejecutivo o 'zuba' de la banda terrorista.

En aquella resolución, se establecía que ETA se asienta sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina, que, al amparo de la cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal, cuyos miembros ostentan la cualidad de dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar.

La toma de decisiones, señalaba entonces el auto, para llevar a cabo una acción terrorista aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo se difundía a todos los militantes a través de citas orgánicas o cursillos de adiestramiento y publicaciones internas. “El comité ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”.

Después de marzo de 1992, tras la desarticulación de Bidart, los denunciados Gracia Arregui y Albisu consiguieron reorganizar estructural y operativamente la banda, continua recordando la resolución, incorporando nuevos integrantes a la “nueva dirección de ETA”. Militantes a los que responsabilizan de los principales “aparatos” que habían conseguido recomponer y reorganizar.

Esos nuevos militantes son Arizcuren Ruiz, Achurra Egurola y Aguirre Lete, que pasarían a integrar el nuevo comité ejecutivo de ETA entre finales de 1994 y 1995. Ya en 1993, estos nuevos dirigentes pusieron en marcha la nueva estrategia con la que recuperarse del éxito policial de Bidart y pusieron en marcha una campaña para desestabilizar al Estado con atentados contra militantes del PP y PSOE.

“El atentado contra don Gregorio Ordóñez Fenollar se encuadra en esa 'estrategia de desestabilización' de la que forman parte los denunciados a través del comité ejecutivo o cúpula de ETA” en distintos espacios temporales, señala.

COMITÉ EJECUTIVO

En relación con los hechos narrados, el magistrado ordena ahora, una vez practicadas las declaraciones de Mikel Albisu e Ignacio Gracia, la práctica de nuevas diligencias en orden a determinar la participación del comité ejecutivo en el asesinato de Gregorio Ordoñez, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por los miembros de la organización terrorista ETA en comisión por omisión.

Para ello, pide a la Guardia Civil la localización y análisis de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con actas de reunión del 'zuba' o comité ejecutivo de ETA en fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato de Gregorio Ordóñez al objeto de poder corroborar la asistencia a las citadas reuniones de los dirigentes de ETA mencionados en el informe 20/2016 y los temas y asuntos tratados en las mismas (con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del Partido Popular en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994.

Además, pide que se aporte la información que se haya obtenido en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos que fueron intervenidos con ocasión de la detención de Mikel Albisu en octubre de 2004 con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con el asesinato de Gregorio Ordoñez.

El magistrado requiere también la unión a este procedimiento de otra serie de informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista y su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales.