La magistrada ya había rechazado abrir diligencias por esta causa pero, tras un recurso la Audiencia Provincial de Madrid la obligó a investigar el caso. Los hechos tienen que ver con la difusión de datos personales y fotografías de los periodistas que investigaban a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

En su declaración como imputado, Miguel Ángel Rodríguez explicó que la fotografía de los reporteros que difundió se la envió González Amador a quien le había llegado por mediación de un vecino de su edificio. El jefe de gabinete de Ayuso aseguró que la información no procedía de los agentes que se encargan de la vigilancia de la vivienda que el empresario comparte con Ayuso. Por su parte, González Amador, que compareció como testigo, confirmó esa versión y dijo que pasó la imagen de los periodistas a Rodríguez porque es su amigo y el responsable de la “seguridad” de su pareja.

La jueza acuerda el archivo al entender que las fotografías no fueron entregadas por los policías que protegen a Díaz Ayuso, ya que no hay “ningún dato” de los obtenidos en instrucción que “permiten mantener que los datos consistentes en el nombre y primer apellido ni la imagen de los dos periodistas hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública”.