En su auto, el magistrado hace suyas las tesis del fiscal encargado del caso, Miguel Angel Carballo, para quien los hechos relatados en la querella no son constitutivos de delito de colaboración con banda armada, perseguible por la Audiencia Nacional, y que, "en todo caso", se trataría de casos de falsedad o prevaricación.

La querella de la AVT se presentó por presuntos delitos de falsedad en documentos oficiales, colaboración con banda armada y prevaricación de funcionarios públicos.

Para Degayón, "no existe dato alguno" en la querella del que pueda desprenderse que los responsables de los presuntos delitos de falsedad y prevaricación mencionados por la AVT "sean personas integradas en la organización terrorista ETA".

A su juicio, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar este caso sólo vendría determinada si se tratase de un delito de colaboración terrorista previsto en el artículo 576 de Código Penal.

"Únicamente cuando mediante la concesión de tales títulos se haya favorecido o se esté favoreciendo la consecución de los fines de la citada organización terrorista, o de los medios o métodos empleados por la misma, puede estarse ante un delito tipificado en el artículo 576", dice el magistrado.

En la querella se afirma que algunos miembros de ETA se habrían beneficiado de redenciones de pena gracias a la obtención de títulos universitarios.

"Sin embargo, tal afirmación está por el momento huérfana de cualquier corroboración, y está basada en meras informaciones publicadas en medios de comunicación", dice el juez. "Ningún otro dato de la querella pone de manifiesto que mediante la obtención de dichos títulos se favorezca la actividad de la banda terrorista".

Además, recuerda que en la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se tramitaron diligencias de investigación sobre las supuestas relaciones entre la organización terrorista ETA y la UPV, y que se procedió a remitir el caso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Así, deberá ser la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la que remita el caso al juzgado competente de Euskadi si, al finalizar las diligencias, estima que los hechos son constitutivos de delito. Y si estima que, además de constituir delito, se trata de alguna de las conductas de colaboración terrorista previstas en el Código Penal, procederá que actúe la Audiencia Nacional, añade.