Según informó este jueves la Audiencia Nacional, el magistrado considera en un auto que "la frustración de la ejecución" de las comisiones rogatorias por parte de Israel "impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna", lo que lleva al juzgado al sobreseimiento provisional de las actuaciones.

El instructor archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió unos meses después para incorporar la información facilitada por las autoridades judiciales francesas en el procedimiento que se seguía en aquel país por la infección con el software Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados y personalidades públicas.

La decisión judicial afecta a la investigación sobre la infección de los dispositivos del presidente del Gobierno y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura. El juez explica que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos investigados.

FRUSTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El instructor destaca la frustración de la investigación derivada de la falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel, emitidas, ampliadas y recordadas en distintos momentos en los últimos años, y que impide investigar "sobre la atribución de autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna".

Esta situación, según el auto, aboca al órgano judicial "de forma indefectible" a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos. A través de esa solicitud de cooperación jurídica internacional, reiteradamente emitida, el juez pretendía requerir información a la mercantil NSO Group, propietaria del software Pegasus.

El magistrado también buscaba tomar declaración como testigo al CEO de esta compañía israelí. Para Calama, esta coyuntura le impide avanzar en la investigación de los hechos, al no poder practicarse otras diligencias de investigación que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La resolución judicial señala que esta situación "conlleva que el proceso permanezca aletargado o en situación de latencia hasta que la información obtenida a través de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria que el Estado de Israel tiene obstruida" permita continuar.

"IMPOTENCIA INVESTIGADORA"

El juez indica que solo nuevas fuentes de prueba permitirían, en su caso, la continuación de la investigación. La situación procesal en la que se encuentra la causa, indica el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro, es lo que en palabras del Tribunal Supremo se califica de "impotencia investigadora".

Los hechos investigados podrían enmarcarse en delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El auto destaca que las autoridades israelíes han mantenido obstruida la cooperación judicial solicitada por el instructor español, impidiendo el avance de las diligencias de investigación necesarias para determinar la autoría de los hechos.

La investigación se centró en determinar quién estuvo detrás de la infección de los dispositivos móviles de las cuatro altas autoridades del Estado español. El software Pegasus permite acceder de forma remota a los contenidos de los teléfonos infectados, incluidas conversaciones, mensajes, fotografías y documentos almacenados en los dispositivos.

El instructor había solicitado en varias ocasiones la colaboración de las autoridades israelíes para recabar información sobre los clientes de NSO Group que pudieron ordenar el espionaje. Sin embargo, las comisiones rogatorias no obtuvieron respuesta efectiva por parte del Estado de Israel, lo que ha impedido identificar a los responsables de los hechos investigados.

INVESTIGACIÓN FRANCESA

El juez reabrió la causa tras recibir información de las autoridades judiciales francesas sobre un procedimiento similar que se seguía en Francia. En aquel país se investigaba la infección con Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

No obstante, el magistrado concluye que de las investigaciones realizadas por sus colegas franceses no se desprenden nuevos datos que permitan determinar la autoría de los hechos. La información aportada por Francia no ha resultado suficiente para avanzar en la identificación de los responsables del espionaje a las autoridades españolas mediante el programa informático.

El sobreseimiento provisional acordado ahora por segunda vez deja abierta la posibilidad de reabrir la investigación si en el futuro aparecen nuevas pruebas. Sin embargo, el juez considera que en las circunstancias actuales no es posible continuar con las diligencias de investigación al carecer de elementos suficientes para identificar a los autores.