En su resolución, el magistrado reclama las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central.

En este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.

El magistrado toma esta decisión después de la que la jueza de Madrid Esperanza Collado, decidiera inhibirse de la causa. En esa causa, que permanece bajo secreto, están imputados Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y el CEO de la compañía, Roberto Roselli.

Se les investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales con el dinero que el Gobierno aprobó para rescatar a la aerolínea, lo que hizo pensar a la jueza que podrían haber incurrido también en un delito de organización criminal.

La investigación judicial coincide con la que lleva a cabo la comisión de investigación del Senado centra en buscar conexiones entre la concesión de las ayudas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer mismo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero compareció en sede parlamentaria y negó cualquier tipo de irregularidad.

Lo instruido hasta el momento revelaría una operativa compleja en la que Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con empresas de la trama implicadas en el comercio de oro.

Estas operaciones servían de cobertura para que, tras recibir la ayuda pública, la aerolínea realizara transferencias a cuentas en el extranjero controladas por la red delictiva, la cual también habría gestionado ventas de oro por 30 millones de euros a Emiratos Árabes y el envío de fondos a Panamá.

Además, la supuesta organización delictiva podría haber estado usando otros métodos para blanquear el dinero, tales como la compraventa de relojes de lujo o la adquisición de bienes inmuebles en España. En la trama podrían estar implicados ciudadanos españoles y extranjeros para expoliar fondos públicos venezolanos.