En un auto dictado este lunes por Calama y al que ha tenido acceso Servimedia, el instructor mantiene las decisiones que tomó en un auto del 29 de julio, que fue recurrido por la defensa de Zapatero en varios aspectos.

El juez acordó que se dirigieran requerimientos a 13 entidades bancarias sobre las cuentas ya conocidas de Zapatero y su entorno; dio instrucciones a la UDEF para “ampliar la información que se considere pertinente" en la línea de lo ya autorizado y abrió una pieza reservada para evitar filtraciones sobre los datos bancarios del expresidente.

Sin embargo, la defensa del expresidente recurrió que se diera a los agentes la posibilidad de ampliar las pesquisas sobre sus cuentas según consideraran “pertinente”. También cuestionaba la extensión temporal indefinida del requerimiento y que la selección de datos de la pieza secreta la hiciera la Policía y la posibilidad de que hubiera filtraciones.

“CONTRADICCIÓN” DEL EXPRESIDENTE

Sin embargo, Calama rechaza los argumentos que se le plantean y destaca que, como ha señalado el fiscal, ve una “contradicción” entre este recurso del expresidente y sus manifestaciones cuando declaró en sede judicial. El instructor destaca que, en ese interrogatorio, el exjefe del Ejecutivo dio "autorización universal para examinar sus cuentas".

El juez añade que no ha dado instrucciones a la UDEF para adoptar “nuevas medidas de investigación que impliquen una injerencia autónoma en la intimidad del investigado”, sino que “se limita a permitir la ampliación de la información estrictamente vinculada a los productos bancarios ya identificados y ya sometidos a autorización judicial, dentro del marco objetivo previamente delimitado por el órgano instructor”.

Se trata de que los agentes lleven a cabo un “análisis” de la información bancaria obtenida con autorización judicial y soliciten “aclaraciones, concreciones o ampliaciones estrictamente referidas a esos mismos productos”. El juez añade que este paso “forma parte natural de la ejecución de la medida acordada, sin que ello requiera una nueva autorización judicial para cada petición complementaria”.

“Una vez autorizada”, afirma el auto, “la obtención de datos bancarios, el análisis y depuración de esa información no constituye una nueva injerencia, sino la continuación lógica de la medida ya autorizada. El control judicial se satisface en el momento de la autorización inicial, que delimita el objeto, alcance y finalidad de la medida; y la actuación policial posterior se integra en la ejecución de dicha autorización, sin que ello suponga habilitar a los agentes para adoptar decisiones que excedan el marco fijado por el juez”.

Sobre la selección de nuevos datos bancarios de Zapatero, Calama indica que en su resolución del 29 de julio ya fijó con claridad los criterios para ello. Resalta que ordenó que no se incluyeran los datos que resulten irrelevantes para la causa o que sean susceptibles de afectar la intimidad de las personas implicadas.