Según una providencia conocida este miércoles y a la que ha tenido acceso Servimedia, el titular de la plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, antiguo Juzgado de Instrucción número 49, reparte las declaraciones en dos jornadas, el 23 y el 24 de noviembre.

El día 23 deberán comparecer Aagesen; la actual presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; Pilar Paneque Sosa, exsubsecretaria de Hacienda; Francisco Javier Loriente Sainz, de la SEPI, y Raúl Blanco, exsecretario general de Industria. El 24 de noviembre, el instructor oirá a Miguel Ángel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes; Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de Moncloa; José Ángel Pertearroyo, exalto cargo de la SEPI e Íñigo Errejón, exdiputado de Podemos.

Estos 11 testigos declararán sobre la causa abierta por la ayuda de 475 millones de euros que recibió la aerolínea en 2020. Cuando se tomó la decisión, Saura era secretario de Estado de Transportes y De la Rocha asistió a la reunión del 29 de octubre de aquel año en la que el órgano gestor de las ayudas dio el visto bueno al rescate.

SIN DOMICILIO CONOCIDO

Para que las citaciones lleguen a sus destinatarios, el juez recurre a la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, ya que, según advierte, no consta el domicilio de los testigos. El magistrado justifica así la medida con la fórmula "no constando domicilio de los mismos".

En concreto, el instructor encarga a los agentes la localización de los testigos "a fin de que se proceda a su averiguación y a la entrega de citación de dichos testigos para comparecer el día y hora señalados". Además, ordena que a cada uno se le cite "haciéndole las prevenciones legales oportunas", es decir, con la advertencia de su obligación de acudir y decir verdad.

La causa se sigue por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de las querellas presentadas por el PP y Vox. El único querellado que figura en la providencia es Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, al que el juez citó como investigado el pasado 3 de julio.

Cuando admitió a trámite las querellas, el magistrado ya pidió a la SEPI la identidad de quienes participaron en la tramitación del rescate, desde los vocales del órgano gestor hasta los invitados a sus reuniones y los técnicos del expediente. En aquel auto anterior advirtió de que lo hacía "a fin de ser citados en la forma que corresponda".

475 MILLONES

Las querellas de la formación popular y de Vox sostienen que la aerolínea no reunía las condiciones legales exigidas para acceder al rescate. Entre ellas citan no encontrarse en crisis antes de la pandemia, estar al corriente de sus obligaciones con la Administración y acreditar su viabilidad económica.

El préstamo de 475 millones de euros lo concedió en noviembre de 2020 el fondo estatal de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado por la SEPI. Su consejo gestor avaló la operación antes de que la aprobara el Consejo de Ministros.

Tras la imputación de Lora, el juez dejó abierta la posibilidad de que otros responsables que intervinieron en la concesión pudieran ser llamados como investigados. Ahora los cita en calidad de testigos. Contra la providencia cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.