En un auto notificado este jueves a las partes, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

El magistrado no estima necesaria la práctica de nuevas diligencias instructoras en una pieza separada del caso ERE que alcanza un total de 16 tomos, 6.544 folios, 74 declaraciones sumariales, 25 Cds y cuatro DVDs con documental digitalizada.

Así, el instructor continúa el procedimiento contra cuatro exviceconsejeros de la Junta de Andalucía, dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social y un exdirector general de la agencia IDEA, así como contra dos representantes sindicales de CCOO y UGT, dos “intrusos” y un directivo de Uniter, la mediadora que “intervino en la formalización de las correspondientes pólizas de seguro a través de las cuales se instrumentalizó la irregular disposición de fondos y concesión de las correspondientes ayudas por parte” de la Consejería de Empleo de la Junta.

El juez explica que las “subvenciones excepcionales” que describe en el auto por prejubilaciones fueron satisfechas con cargo al programa presupuestario 31-L, no obstante lo cual, “de las diligencias practicadas es posible deducir otras líneas de ayuda, distintas de las anteriores -y que también fueron concedidas y financiadas extramuros de cualquier forma de legalidad- que habrían sido satisfechas con cargo a programas presupuestarios distintos, al margen así del programa presupuestario 22-E y 31-L de la Consejería de Empleo”.