El magistrado accede así a las pretensiones de la acusación popular que ejerce Hazte Oír. Dado que las actuaciones están declaradas secretas, el juez tendrá que esperar a que se levante esa condición para recibir el atestado de los registros en domicilios vinculados a la trama de amaños en adjudicaciones públicas.

La operación por la cual se procedió a las detenciones la pasada semana fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN) bajo la dirección del magistrado Antonio Piña, que se encontraba en funciones de guardia.

Fue él quien libró las órdenes de detención y un total de 19 registros en los que se pretendía recabar documentación sobre el posible amaño de contratos públicos con la participación de la SEPI y del socio del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El caso, sin embargo, no está siendo instruido por el juez Piña, ya que al tratarse del juez de guardia lo pasó a reparto. La investigación ha pasado a manos del juez de instrucción número 5, Santiago Pedraz, que será el que responda al requerimiento.