Así se desprende del último auto del magistrado, al que ha tenido acceso Servimedia, en el que deja claro que ya “no existen diligencias de investigación” que se encuentren “pendientes de practicar” ni es necesario llevar a cabo ninguna práctica adicional.

En el escrito, Peinado enumera los delitos que se les imputan a los “investigados, y ya acusados”: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Unos delitos que, según el instructor, conllevan unas penas muy elevadas, lo que podría provocar “alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia”, por lo que acuerda que comparezcan personalmente, “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública”, a la audiencia preliminar, en la que no descarta que se pudiera “adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado, de tratar de eludir la acción de la Justicia”.

Los tres deberán acudir a la audiencia preliminar con sus respectivos letrados y también están citados el representante del Ministerio Fiscal, el de las acusaciones populares personadas y la representación procesal de la Universidad Complutense de Madrid, como acusación particular, en “calidad de ofendida” por uno de los delitos, el delito de apropiación indebida.

Este auto llega un día después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que, por un lado, los investigadores no apreciaban movimientos sospechosos y concluían que los datos hallados son "incompatibles" con una situación de enriquecimiento personal. Y, por otro, se detectaron posibles irregularidades en la contratación de la consultora Deloitte para la cátedra que codirigía Gómez en dos adjudicaciones por un total de 64.999 euros.