De esta forma, la juez amplía el plazo de tres meses que concedió en diciembre al Banco Santander para realizar el informe pericial, que debía haber sido presentado en marzo.

Palacios investiga los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa y fraude contra la Hacienda Pública cometidos por el Banco de Santander y más de 200 clientes, en los años 1988 y 1989.

Según la juez, las cesiones cambiaron de nombre en varias ocasones y esto tuvo repercusión fiscal "pues la Hacienda Pública llamó a personas que desconocían el aparecer nominadas, y sin haber entrado tampoco en contacto con los suscriptores".