En su auto, el juez señala que el hijo del duque de Feria realizó operaciones de disposición de bonos a su nombre y transacciones patrimoniales después del 13 de abril de 2021, fecha en que declaró ante la Fiscalía Anticorrupción, y en la que se advirtió de que ese tipo de maniobras serían consideradas un delito. Por ello, el juez Carretero le imputa, además de los delitos de los de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, un delito de alzamiento de bienes.

Hasta el momento, sólo se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar por valor de 325.515 euros y una cuenta corriente en la que Medina había dejado 247 euros. La posible responsabilidad civil del empresario ascendería a 1,2 millones de euros, por lo que aún quedan por cubrir más de 891.000 euros de fianza.

En caso de que Luis Medina no deposite esa cantidad en el plazo establecido de tres días, el juez procederá al embargo de todos sus bienes, ya sean muebles o inmuebles. Además, la cantidad que se le reclama a Medina podría verse incrementada si su socio Alberto Luceño no hiciera frente a sus responsabilidades civiles, ya que éstas tienen carácter solidario y ambos deberían hacerles frente.

Para proceder a ese embargo, el juez tendría que averiguar a través del Punto Neutro Judicial cuáles son los bienes propiedad del investigado y consultar con la Agencia Tributaria sobre sus propiedades en España y en el extranjero.

En concreto, el magistrado quiere conocer el destino de los fondos retirados procedentes del Dividend 1 y del fondo Phoenix MSCI. Para ello, ha dirigido un oficio al Deutsche Bank para que le informe en detalle de las sucesivas ventas de títulos de valores del bono Global Dividend 1, de las cuentas de destino del importe de la venta y de la identidad de sus beneficiarios.

Además, el juez Carretero se dirigirá al Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Sevilla, que dirime una disputa familiar sobre la herencia de la abuela de Medina, Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, para solicitar el embargo preventivo de los derechos hereditarios, tal y como había solicitado el PSOE, personado en esta causa.

Tanto Medina como Luceño están citados el próximo lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para declarar sobre la venta supuestamente fraudulenta de material sanitario al Ayuntamiento de la capital.

Por otro lado, Más Madrid ha solicitado al magistrado que llame a declarar a Fernando Sánchez González, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, por un posible delito de falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia en la investigación. Según esta formación, el gerente habría enviado documentación supuestamente falsa a la Fiscalía sobre el expediente de contratación.