El magistrado encargado del "caso Juan Guerra" argumenta su resolución en la decisión que ya omara con anterioridad el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rechazó la toma de declaración al vicesecretario general del PSOE.

Angel Márquez considera que no es el momento procesal oportuno para la comparecencia de Alfonso Guerra después del pronunciamiento del TSJA.

El abogado de José María Ruiz-Mateos, personado en el sumario, Marcos García Montes, solicitó la comparecencia de Alfonso Guerra como una prueba suplementaria a las diligencias.

El letrado que representa a la acusaión particular de Izquierda Unida, Manuel Fernández del Pozo, también pidió en sus calificaciones sobre esta parte del sumario la declaración del "número dos" del Partido Socialista.

Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla rechazó hoy el recurso de queja presentado por el letrado de Izquierda Unida por la exculpación de los tres delegados del Gobierno en Andalucía durante los años en los que Juan Guerra ocupó el despacho oficial en esas dependencias.

El presidente e esta sección de la Audiencia sevillana, Agustín del Río, desestima el recurso por el que IU imputa un presunto delito de imprudencia temeraria a los ex delegados del Gobierno en Andalucía Tomás Azorín y Leocadio Marín y al actual responsable, Alfonso Garrido.

El abogado de IU acusa a los representantes gubernamentales de no controlar las actividades que realizó Juan Guerra en el despacho que utilizó durante varios años en las dependencias de esta Delegación en Sevilla.

Con la decisión del juez ngel Márquez se cierra la vertiente política del "caso Juan Guerra", según los abogados de la acusación, que estaba centrada en el uso de un despacho oficial desde donde el hermano de Alfonso Guerra realizó muchas de las actividades presuntamente irregulares por las que será juzgado.

En esta parte del sumario sólo queda como único responsable el propio Juan Guerra, al que se acusa de prevaricación o de usurpación de funciones, dependiendo de su consideración como funcionario o particular.

La acusción solicita penas que van desde los 2 a los 9 años de cárcel para Juan Guerra por su actuación irregular en el despacho, mientras que el fiscal y el abogado del Estado no ejercerán su acusación en la vista oral al no encontrar delito alguno.