El magistrado quiere así “obtener información esencial para determinar la existencia, alcance y naturaleza de las relaciones económicas y societarias objeto de investigación, así como para reconstruir la trazabilidad de operaciones presuntamente vinculadas a la comisión de ilícitos penales”.

Calama da este paso después de que la UDEF denunciara en uno de sus informes que, tras diversos requerimientos a la SEPI, la entidad pública solo le remitió una serie de correos electrónicos entre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) y Plus Ultra fechados el año pasado, “por lo que no se aprecia en ellos información relevante relacionada con la fase de concesión de la ayuda pública”.

La Policía señala que dichos correos electrónicos, los de 2020 y 2021, “existen o han existido, teniendo en cuenta que algunos de ellos figuran, en formato PDF, en la carpeta dedicada a la fase de seguimiento y, en menor medida, en la de la fase de concesión (periodo que nos ocupa)”.

Sobre esta última fase, la UDEF añade que “han sido hallados tres documentos PDF que reflejan como, desde la SEPI, se solicita cierta documentación a Plus Ultra para la subsanación de los errores de la solicitud”.

“Por lo tanto”, queda patente que tuvo lugar “un flujo de comunicación” entre los directivos de Plus Ultra y José Ángel Partearroyo Martín, el director de Participadas IV de la SEPI, “al menos en esta fase de concesión de la ayuda pública, no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF”.

La UDEF también denunció ante Calama que la SEPI le remitió carpetas “vacías de contenido” y archivos que “no pueden ser abiertos”, y destacó la ausencia de “documentos referenciados en el expediente” del rescate a Plus Ultra.