En un auto dictado este lunes, el instructor del ‘caso Leire’ responde a un escrito de la Fiscalía que solicita que el procedimiento se dirija “no sólo formal sino también materialmente” contra los 25 imputados.

El juez Pedraz ordena ahora a todos los imputados que no estén personados en la causa que designen abogado y procurador antes de prestar declaración. La causa, que tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 10 de diciembre de 2025.

Hasta el momento, el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid tiene también abierta una causa en la que investiga la trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Cerdán y Leire Díez. Pedraz ha pedido a este órgano judicial que se inhiba a su favor, algo que rechaza la defensa del exdirigente socialista.

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Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ese grupo criminal tendría entidad propia y llegó a autodenominarse ‘Hirurok’, una palabra en euskera que significa “nosotros tres”. Habría estado dirigido por Antxon Alonso (empresario y socio de Santos Cerdán) y contaría también con la participación de Vicente Fernández y Leire Díez.

Según los investigadores, los tres imputados se habrían servido de empresas intermediarias como Mediaciones Martínez SL o Servinabar para canalizar los fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita, al recibir contratos presuntamente amañados de entidades públicas.

La UCO entiende que las empresas instrumentales habrían suscrito contratos con Mercasa, Enusa, el fondo de rescate Fasee, gestionado por la SEPI para Tubos Reunidos, la adjudicación de una obra de demolición en Avilés tramitada por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y una inversión pública en el grupo de energías renovables Forestalia. Las comunicaciones entre los implicados se realizaron a través de la aplicación de mensajería cifrada Threema y en grupos denominados ‘Hirurok’ e ‘Hirurok Berriro’, lo que ha supuesto un obstáculo para la investigación.

Entre las operaciones investigadas por la UCO hay contratos menores de Mercasa con Servinabar por 18.119 euros o la rehabilitación de la sede de esa empresa pública en el Paseo de La Habana madrileño cuyo presupuesto pasó de ser de 2.114.417 a 2.828.571,72 euros en pocos días. Por su parte, Enusa había actuado como intermediaria con Acciona para la venta de activos de gestión de residuos en Melilla y Castellón.

En cuanto al crédito participativo de 115 millones de euros a Tubos Reunidos, aprobado en julio de 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), la UCO considera que los responsables de la empresa habrían tenido acceso a documentos confidenciales. Según esa misma valoración, esa documentación les habría llegado a través de Miguel Ángel Figueroa, director de Participadas III de la SEPI, y entre ella figuraba el orden del día del Consejo Gestor que trató su aprobación.

Supuestamente, la decisión sobre Tubos Reunidos está en el origen de varios pagos, incluido uno a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Los investigadores achacan a Vicente Fernández haber anticipado una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales antes de que fuera dictada.