Fuentes jurídicas informaron de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la exmilitante socialista Leire Diez; el empresario Javier Pérez Dolset; el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver.

El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia imputa a estas personas la presunta comisión de los delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

“FACTURAS MENDACES”

Igualmente, el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal central de instancia considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco. Fuentes jurídicas señalaron que el instructor la considera al menos cómplice en la comisión de los delitos de antes descritos y autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de “facturas mendaces”.

Al mismo tiempo, respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y el diputado del PSOE Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan. No obstante, considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

Pedraz considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.