Peinado impuso a ambas medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales por riesgo de fuga, llegando a argumentar que incluso los policías nacionales que se encargan de la seguridad de Gómez podrían colaborar en su hipotética huida.

La decisión fue recurrida y la Audiencia de Madrid la corrigió ordenando su levantamiento y la devolución de los pasaportes. Pese a ello, el documento identificativo continúa en manos del juez que les exige acudir personalmente al juzgado para recuperarlo.

La defensa de la asesora ya ha presentado un recurso en el que asegura que Peinado "restringe el derecho fundamental a la libre circulación, sin título que lo permita, lo cual, realizado a sabiendas, es de extrema gravedad". Indica, además, que la devolución del pasaporte es un trámite administrativo y casi automático que es competencia del letrado de la Administración de Justicia y no del juez.