En un auto conocido este lunes y al que ha tenido acceso Servimedia, el magistrado accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre cuentas del 'caso Hidrocarburos'. El instructor considera que las diligencias interesadas por el Ministerio Público "resultan pertinentes, necesarias y proporcionadas" para la causa, por lo que ordena expedir dos órdenes europeas de investigación.

De esta forma, Pedraz asume la propuesta que el fiscal Luis Pastor le trasladó en un escrito del pasado 24 de septiembre. Esa propuesta parte de los informes del pasado 8 de septiembre en los que la UCO solicitaba "nuevas diligencias para continuar la trazabilidad de los fondos investigados" en el conocido como 'caso Hidrocarburos', centrado en la operadora Villafuel.

Según los informes policiales recogidos por la Fiscalía, el estudio de las cuentas de Villafuel y de las suministradoras de la trama permitió elevar de 68.656.852,60 euros a 78.318.349,48 euros el dinero transferido desde cuentas españolas a Portugal. Ahora el instructor pide a este país y a Irlanda los datos necesarios para rastrear esos fondos y las compras de criptomonedas que se habrían hecho con parte de ellos.

BLANQUEO VÍA PORTUGAL

El magistrado recuerda que en la investigación se han identificado "diversas operativas propias de blanqueo de capitales, asociadas al ocultamiento y a su transformación", con el envío de "las cantidades defraudadas a la Hacienda Pública a cuentas radicadas en terceros países". Uno de esos países es Portugal, donde la organización habría canalizado parte del dinero obtenido con el fraude del IVA.

Según el auto, esos fondos habrían llegado a "varias cuentas asociadas a empresas residentes en Portugal cuyos administradores se encontrarían bajo el control de los principales investigados". Y añade que, de acuerdo con las pesquisas, "la mayor parte de esos fondos, serían retornados nuevamente para la adquisición de bienes por parte de los dirigentes de la organización criminal".

No obstante, el instructor advierte de que la información enviada por las autoridades portuguesas "es insuficiente, al no facilitarse los movimientos bancarios de la totalidad de las cuentas tituladas por las mercantiles investigadas o aportándolos en formatos que dificultan su posterior estudio". Por ese motivo, "la falta de información bancaria impide que se pueda determinar el destino concreto de la totalidad de los fondos transferidos a Portugal".

El auto recuerda que el 15 de julio de 2024 se solicitó una primera orden europea de investigación a Portugal sobre "la estructura empresarial, sus cuentas bancarias vinculadas" y "la trazabilidad de los fondos de procedencia delictiva". El 4 de noviembre de ese año se emitió una segunda. Las autoridades lusas atendieron ambas "con ciertos matices", pero no la certificación de embargo emitida el pasado 20 de febrero.

LUZ VERDE AL FISCAL

Para fundamentar su decisión, el juez invoca el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto establece que el instructor "practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales". El juez precisa además que "el derecho a la prueba no es absoluto ni incondicionado".

El magistrado cita también doctrina del Constitucional, recogida en las sentencias 150/1988 y 33/1989. Según esa doctrina, el derecho a la prueba "no implica, en modo alguno, que el querellante o el querellado puedan exigir del Juzgado de Instrucción la práctica de todas las pruebas que propongan". Recoge asimismo la jurisprudencia del Supremo que exige que cada diligencia sea pertinente, necesaria y posible, entre otras en una sentencia de 14 de septiembre de 2006.

En concreto, la orden europea dirigida a Portugal reclama información sobre las nuevas cuentas bancarias detectadas y sobre otras destinatarias de fondos "de procedencia delictiva que se transfirieron desde cuentas de las suministradoras involucradas en la investigación o desde cuentas tituladas en sociedades portuguesas". También pide los datos de las cuentas de la sociedad E.F. Iber Combustiveis en Banco Santander Totta, Abanca y Novo Banco.

La Fiscalía describe esta empresa como "una sociedad primordial en la estructura empresarial de la organización en Portugal". Fue constituida por el investigado Claudio Rivas y la administra desde el 6 de abril de 2022 el también investigado Pedro Antonio Marín Alba, administrador de Villafuel. El ministerio público señala que la información recibida "no permite identificar la salida de 14 millones de euros desde esta cuenta".

DINERO SIN FRONTERAS

Por otra parte, Pedraz ordena expedir otra orden europea de investigación a Irlanda para obtener información financiera sobre las operaciones de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken. La diligencia se articula mediante un requerimiento a Payward Europe Limited, la sociedad irlandesa señalada como matriz de este 'exchanger'. Según Anticorrupción, para obtener datos de Kraken es necesaria una orden judicial.

El magistrado solicita los datos del cliente, entre ellos nombre de usuario, direcciones, facturación, método de pago, correos electrónicos, teléfonos y documentación KYC. Pide también los movimientos de cuenta, el historial de depósitos y retiradas, también en dinero fiduciario, los registros de acceso y los dispositivos. La UCO identificó la salida de 213.663 euros, en 13 movimientos, desde una cuenta de la sociedad portuguesa Letras e Contrastes hacia Payward.

Los agentes detectaron además la salida de 500.000 euros desde una cuenta de la sociedad Diálogo Erudito hacia Jiahe Wanji Mining Limited, domiciliada en Hong Kong. Según los investigadores, esa operación "tendría como finalidad la deslocalización de los ingresos, dificultando, de esta manera, el seguimiento de los fondos defraudados". Apuntan también a posibles envíos de 97.232,94 euros a Italia y de 120.963,39 euros a Alemania.

La Fiscalía recoge asimismo que la información de las autoridades portuguesas permitió detectar la entrada de 50.316.663,74 euros en una cuenta de Villafuel en el Banco BIC Português. Sin embargo, hay cinco movimientos por importe de 14 millones de euros "cuyo origen no ha sido posible identificar". A ello se suma una salida de 720.000 euros desde Diálogo Erudito hacia una cuenta cuyo titular se desconoce.

EL SOCIO DE ALDAMA

El instructor requiere además a las empresas españolas Armería Argali y Cacera Concejo, a través de la unidad policial que dirige las pesquisas, que aporten justificantes bancarios y de compra, el "motivo de los pagos" y los datos de las personas que representaron a la sociedad portuguesa Agarrobvio Unipessoal. Les pide también los contratos con esta firma y la documentación de cualquier compraventa de bienes muebles o inmuebles.

Según la UCO, desde una cuenta de Agarrobvio en Abanca habrían salido 765.745 euros hacia estas dos sociedades. Armería Argali, hoy extinguida, habría recibido 255.745 euros en seis movimientos. Cacera Concejo habría recibido 510.000 euros en cuatro movimientos; está dedicada a la promoción inmobiliaria y la administra Luis Alberto Escolano Marín, a quien los investigadores señalan como "socio de Víctor de Aldama", empresario investigado en la causa.

Los investigadores sostienen también que la relación entre los administradores de E.F. Iber Combustiveis y de la portuguesa Carbuiberia "se inició mucho antes del inicio de las relaciones comerciales" informadas por el auditor de esta última. Según su informe, el administrador de Carbuiberia habría mantenido reuniones y contactos con "el máximo responsable de la organización criminal investigada, Claudio Rivas", y con su hermana María Luisa Rivas.