Así lo explicaron a las puertas del Supremo los representantes de Vox, Marta Castro, de Iustitia Europa, Luis María Pardo, y de Hazteoír, Javier María Pérez Roldán.

Estos letrados anunciaron que recurrirán la decisión del juez, que les fue comunicada en una vista que se celebró pasadas las diez de esta mañana, antes de que se iniciara la declaración de Ábalos.

Los representantes de estas acusaciones indicaron que plantearon al juez que querían estar presentes en el interrogatorio, algo que el instructor negó remitiéndose al auto que emitió este miércoles, en el que fija al PP como coordinador de la acción popular.

“ACCESO A LA JUSTICIA”

La decisión de Puente supuso que la declaración del exministro de Transportes comenzó con la presencia del letrado del PP, los abogados de las defensas y el fiscal.

Al mismo tiempo, los letrados de las acusaciones que quedaron fuera indicaron que el juez también les confirmó que será el procurador de la formación popular el que reciba las notificaciones en este sumario y el que deberá remitirlas a los otros abogados.

En este sentido, Castro, de Vox, indicó que lo que estaba en juego era el “acceso a la justicia”, en referencia a que la figura de la acusación popular está recogida en la legislación española como un derecho de los ciudadanos.

Por su parte, Pérez Roldán, de Hazteoír, indicó que la decisión del juez suponía “el principio del fin de las acusaciones populares” y que era una medida que iba “en concordancia” con lo que pretende el Gobierno sobre esta herramienta procesal. Asimismo, Pardo, de Iustitia Europa, defendió que las acusaciones populares han ayudado a investigar en España las “mayores causas de corrupción”.