Así lo aseguró este jueves ante la 'comisión SEPI' del Senado Pedro Martín Molina, presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, que realizó un informe como perito judicial en la primera investigación en los tribunales sobre el rescate de Plus Ultra.

Esta instrucción la llevaba la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, quien tras meses de investigación trasladó la causa a la Audiencia Nacional, donde actualmente se sigue.

A este respecto, este jueves, a preguntas del PP, el perito Martín Molina reconoció que en agosto de 2021 la jueza Collazos tenía paralizada la entrega a Plus Ultra de 34 de los 53 millones que aprobó la SEPI que se le entregaran.

SIN VACACIONES EN 2022

Sin embargo, cuando la magistrada titular tomó vacaciones ese verano de 2021, el juez sustituto, Jaime Serret, liberó el pago tras una petición de la fiscal María Luisa Llop.

El compareciente en el Senado indicó que este aspecto de la entrega de los 34 millones es algo que no se le pidió para su informe, por lo cual no sabe el motivo de que se siguiese un criterio contrario al de la jueza titular.

Explicó que, por sus noticias, la jueza Collazos no se cogió vacaciones el año siguiente por este episodio. Martín Molina añadió que este adelanto de 34 millones sirvió a Plus Ultra para atender sus necesidades urgentes de financiación.