En la resolución, la magistrada duda de la declaración del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y asegura que hay “abundantísima prueba” que “lo desmiente”.

La magistrada responde a la defensa de Argüeso, que hizo la petición, que el careo es "una diligencia de carácter excepcional" prevista en la Lecrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) "solo cuando no se puedan utilizar otros medios en la acreditación de los hechos" para cuando exista contradicción entre versiones.

Eso es lo que apreció la jueza cuando autorizó el careo entre la exconsejera investigada en la causa de la dana Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete de Carlos Mazón, cuando presidía la Generalitat.

En cambio, ahora no ve que se cumpla este requisito y asegura: "No se da ni siquiera el presupuesto formal de la contradicción entre la declaración del señor Emilio Argüeso y la declaración de la señora Amparo Folgado por una simple razón: En su declaración del 11 de abril de 2025, el señor Emilio Argüeso no hizo mención ni referencia alguna a que había mantenido una conversación con la alcaldesa de Torrent”.

Y añade: “Ello es el presupuesto de cualquier careo. Exclusivamente contestó a las preguntas de su letrado. Pudo declarar, y no lo hizo, que habló con la alcaldesa de Torrent y que la misma nada le informó. Pero es que no dijo ni mencionó en modo alguno dicha conversación".

EL DEBATE SOBRE FORATA

Argüeso esgrime las declaraciones del presidente de la Diputación de Valencia y también de José Manuel Cuenca para justificar que en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 "sólo se habló de Forata", como también ha defendido la exconsejera, Salomé Pradas.

La jueza, sin embargo, indica “respecto del señor Vicente Mompó, que en su reciente declaración, al igual que en la primera, manifestó que en el Cecopi solo se habló de Forata, de lo cual existe en la causa abundantísima prueba que desmiente” la versión dada por Mompó.

En otro notificado, la magistrada rechaza un recurso de reforma formulado por el mismo investigado contra una resolución anterior. Además, en una providencia da traslado a la Fiscalía del informe del Instituto de Medicina Legal sobre la posible relación de causalidad entre el fallecimiento de una de las víctimas mortales que están en estudio y la dana para que informe.