En su auto, la magistrada explica su decisión. En primer lugar, recoge el auto de la Audiencia Provincial del 16 de octubre de 2025 que consideró conveniente que se citara como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón en El Ventorro el día de la catástrofe, por si hubiera “escuchado conversaciones o comentarios que pudieran aportar alguna luz sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi” y sobre la información que se iba manejando a lo largo de la tarde.

En este sentido, la instructora recuerda un segundo escrito de la Audiencia donde se afirmaba que sólo cabría investigar a Mazón con su condición de aforado por parte del Tsjcv y si sólo existieran indicios de que las acciones del expresident -o su omisión de esos mismos hechos- estuvieran relacionados con el retraso del envío de la alerta a la población o en la toma de decisiones del Cecopi.

Tras recordar que la Audiencia Provincial le ha ido advirtiendo que Mazón sólo puede ser investigado por el TSJ valenciano por su condición de aforado, y que el alto tribunal autonómico rechazó su imputación por entender que el expresidente no tenía responsabilidad sobre el envío del ES-Alert, considera que es el momento de citarlo a declarar como testigo.

“El hecho de solicitar en la causa informaciones o comunicaciones que pudieran afectar al Sr. Mazón, se excluyó de manera directa a través de una declaración testifical del mismo, al objeto de garantizar sus derechos”, asegura la jueza, quien añade que en este momento de la causa, ya descartado como investigado, podría participar para arrojar luz sobre el caso “bajo la premisa de la aportación voluntaria”. Además de su comparecencia, la jueza pide a Mazón que aporte de manera voluntaria los mensajes y llamadas de ese día.

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto dictado y notificado este martes, la magistrada requiere a una asociación que deposite fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular.

Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda entre otras cosas citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia investigada para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.