Según un auto conocido este viernes, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja resuelve así la petición presentada el 1 de septiembre por la defensa de Mazón. Las diligencias previas 692/2024 se siguen por homicidio y lesiones por imprudencia, tras la riada que arrasó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

El juzgado dictó este viernes otras dos resoluciones. Una es una providencia que incorpora declaraciones testificales a la causa principal y abre dos piezas de lesiones, mientras que otra es una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia que ordena notificar los testimonios prestados el 2 y el 3 de septiembre.

Sobre la petición de Mazón de que se le aclare si hay "algún hecho positivo o acción concretamente atribuible" contra su persona, la instructora replica que la petición "no tiene encaje en nuestro ordenamiento procesal", dado que "no cabe un sobreseimiento" respecto de un aforado.

SE LE OFRECIÓ PERSONARSE

En su auto, la instructora sostiene que el expresidente valenciano plantea "una extensa solicitud de sobreseimiento, dirigida a un órgano que no es competente, y formulada por una persona que no ostenta la condición de investigada". La juez añade que "carece de competencia al objeto de investigar a un aforado".

Indica que la pretensión del exmandatario autonómico "es contraria a sus propios actos", porque el político pidió en su día personarse para proponer pruebas o intervenir en las acordadas. Hasta en tres ocasiones se le ofreció antes personarse y declarar como investigado, la última por auto de 11 de septiembre de 2025. "Jamás hizo uso de dicho derecho", subraya el auto.

Por ello, la jueza concluye que "difícilmente se puede hablar de indefensión respecto de las diligencias que le afecten". Aquella primera petición de personación fue rechazada por auto de 31 de marzo de 2026, que razonó que su situación procesal "excluye la responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".

También alude a que la propia defensa es "plenamente consciente" de la inviabilidad de lo que pide, sostiene la instructora, que mencionaba en su escrito que no podía "solicitar un sobreseimiento respecto de quien no ostenta la condición procesal de investigado".