En un auto al que tuvo acceso Servimedia, a jueza critica el tono del recurso al considerar que es más propio de un escrito en contra de una sentencia condenatoria que de un recurso contra el procesamiento del investigado, como consecuencia de la instrucción.

Según la instructora, la investigación ha arrojado “indicios de delito” suficientes para justificar que se abra juicio oral, que es el momento, dice la jueza, en el que se valoran las pruebas y se decide si se condena o se absuelve al imputado.

En su escrito de 18 páginas, asegura que la versión defendida por la defensa del músico es “inasumible” porque durante la instrucción ha quedado patente que el puesto que asumió el hermano del presidente del Gobierno “fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón y esta circunstancia era conocida en los Conservatorios y en el Área de Cultura con anterioridad a que (…) fuera formalmente candidato para el mismo”.

El auto menciona distintas declaraciones recogidas en el período de instrucción y señala que “el denominado ‘rumor’ sobre el ‘hermanísimo’ se hizo realidad, lo que no puede significar otra cosa que no sea que la información que circulaba era cierta” puesto que es “inverosímil” que en el ámbito de los Conservatorios y Cultura se supiera “que el puesto era para él, o , como poco, que iba a presentarse al mismo, al menos, desde semanas antes de la publicación de las bases de la convocatoria, y que el propio beneficiado no lo supiera”.

La jueza concluye que Sánchez no prestó sus servicios de “forma habitual en Badajoz, (…) ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto para justificar el mismo y posteriormente en el contrato que continuó vigente” hasta que el músico dejó de trabajar voluntariamente para la Diputación de Badajoz para dedicarse al Proyecto Ópera Joven.

La Fiscalía también ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial pidiendo el archivo de la causa en la que se investiga la contratación de David Sánchez por la Diputación de Badajoz que está pendiente de resolver. En esta causa ejercen la acusación popular Manos Limpias, Hazte Oír, PP, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y Liberum, que solicitan tres años de prisión por un delito de tráfico de influencia en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal, que también atribuyen al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.