La imputación se produce poco después de que la jueza rechazara la petición del edil de archivar la causa. La magistrada entiende que los hechos denunciados son claramente constitutivos de ilícito penal, a falta de una investigación completa.

La exconcejala abandonó el PP y su puesto en el Ayuntamiento de Móstoles en octubre de 2024. Casi un año después, denunció ante la Justicia acoso laboral por parte del alcalde tras haber rechazado mantener relaciones íntimas con él.

La antigua edil comunicó su situación a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que derivó las quejas a otros miembros de su equipo. Según la denuncia, estos acabaron acusando a la supuesta víctima de “filtrar” información del caso al PSOE.

Tras la apertura de la investigación y la ratificación de la querella por la exconcejala, el alcalde presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias en su contra, pero su petición fue rechazada para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.