La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en una urbanización de la ciudad, ha dictado una providencia por la que exige el pago de una fianza de 3.000 euros al Grupo Municipal Socialista para ejercer la acusación popular en la causa.