A través de un comunicado, JJpD señaló que ve en la iniciativa parlamentaria “un retroceso en los principios de proporcionalidad y reinserción que deben regir nuestro ordenamiento jurídico”.

La asociación alegó que el aumento de las penas de prisión para hurtos y estafas que no superan los 400 euros “no aborda las causas estructurales de la delincuencia de baja intensidad”.

También esgrimió que la experiencia tras la reforma de 2022 para los delincuentes de hurto multirreincidentes demostró que “el endurecimiento punitivo por sí solo no tiene un efecto disuasorio real”, pues desde que se aprobó aquella modificación los hurtos han crecido más de un 20%.

Asimismo, JJpD advirtió de que “elevar las penas de prisión hasta 3 años a conductas que individualmente se consideran de escasa gravedad supone la vulneración del principio de proporcionalidad y una quiebra de la coherencia interna de nuestro sistema penal”.

La reforma, subrayó, amenaza con saturar los juzgados con procedimientos globalmente más largos y complejos para conductas menores, dificultando la agilidad necesaria para juzgar delitos de mayor gravedad.

Por todo ello, defiende que la solución a la multirreincidencia pasa por más recursos materiales y humanos para agilizar la detección, verificación y enjuiciamiento de los supuestos de multirreincidencia y no simplemente elevar las penas.

De igual forma, denunció que “este tipo de reformas punitivas suelen recaer con especial dureza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”, desplazando el foco de las políticas sociales y de prevención hacia el control meramente policial y punitivo, suponiendo una criminalización de la pobreza.

Finalmente, instó a los poderes públicos “a abandonar la senda del populismo punitivo y a apostar por una justicia reparadora y eficaz”.