Los testigos que se ausentaron son Francisco Javier López Martín, socio de Juan Guerra, y Antonio Luque, resonsable de haber concedido un préstamo al encausado.

Francisco Javier López Martín alegó enfermedad para no ofrecer su testimonio ante el magistrado, al igual que los testigos ausentes ayer.

Antonio Luque justificó su ausencia en la citación judicial que tenía también hoy en un juzgado de Cádiz, en calidad de acusado.

El único testigo que prestó declaración en la sesión de hoy fue Salvador González Pérez, que vendió la finca "Las Brujas" a Juna Guerra que la utilizó como su lugar de residenca durante los últimos años.

Salvador González reconoció ante el juez que el precio de esta finca lo acordó con Juan Guerra verbalmente y confesó además que se pagaron dos millones más de los que fueron escriturados.

Esos dos millones añadidos fueron entragados en mano, según el testigo, aunque posteriormente se dedicaron a la compra de los muebles de la casa de la finca.

Antonio Luque aseguró que el precio pagado por "Las Brujas" sumó 38 millones de pesetas, aunque la acusación consideró quela cantidad abonada en realidad alcanzó los 75 millones.

La acusación sostuvo también que la comprar el chalet de "Las Almenas", valorado en unos 38 millones de pts., fue una forma de pago encubierta porque esta operación nunca llegó a realizarse.

Los abogados de la acusación presentan sus informes finales en esta última sesión del primer juicio contra Juan Guerra, tras concluir la ronda de declaraciones de los testigos, que en gran parte no acudieron a la cita judicial.

El juicio quedará vito para sentencia y su resolución se conocerá en unos 10 o 15 días, único plazo del que dispone el juez Conrado Gallardo para tomar su decisión al tratarse de un procedimiento abreviado.

Juan Guerra está acusado de un delito de fraude a la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil en su participación en la empresa Fracosur.

El Ministerio fiscal solicita por esos delitos una pena para Juan Guerra de 9 años de prisión, la misma condena que para su socio en Fracosur José María RamosReina.

José Antonio Bellamy Pozo y Carlos Jesús Pulido Tarifa, socios también de Fracosur, están acusados de falsedad en documento mercantil, y el fiscal pide para ellos penas de uno año de cárcel.