Esa era la postura con la que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acudió a la reunión de la cúpula del Ministerio Público, que se pronunció sobre este asunto en una reunión convocada de urgencia el pasado viernes.

De este modo, la investigación se dividirá en dos partes. Una de ellas quedará en manos de la Fiscalía Europea, que analizará si el contrato suscrito, por el que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros, constituyó un delito de malversación de los fondos europeos a cargo de los cuales se compraron las mascarillas en China.

La Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección de Alejandro Luzón, se quedaría así con las pesquisas dirigidas a comprobar si existieron delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.