En concreto, la enmienda introducida por el PP en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible obtuvo 171 votos favorables del PP y Vox y 172 votos en contra del resto de grupos, además de las 7abstenciones de la formación de Puigdemont.

Sobre los cierres nucleares, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, pidió a los grupos que actúen con responsabilidad y eliminen dicha enmienda puesto que supondría ampliar la vida útil de estas instalaciones sin que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizara un informe técnico.

El PP tampoco logró que el Congreso aprobara la enmienda para congelar las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031, medida que ponía en riesgo el plan inversor del gestor aeroportuario en ese periodo. En relación con las tasas aeroportuarias, Aena advirtió de que si la enmienda prosperara “el daño al sistema aeroportuario español, a Aena y a sus accionistas podría ser considerable y la compañía debería revisar las inversiones”, que según lo previsto alcanzarían cerca de 13.000 millones de euros entre 2027 y 2031.

Para Aena, “ninguna pugna política excusaría un daño, colateral e infundado, al buen funcionamiento de los aeropuertos españoles”. Además, denunció que “la enmienda introduciría inseguridad regulatoria y jurídica en la economía española, cuyos efectos tóxicos en Aena podrían reverberar en la comunidad financiera internacional y enturbiar la buena imagen y la probada seriedad económica de España”.

Sin embargo, el PP sí logró que se apruebe blindar el actual mapa concesional de autobuses interurbano que el Gobierno pretende modificar o forzar a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones en el AVE.

TRAMITACIÓN COMPLICADA

Con la votación de hoy en el Pleno del Congreso sobre las enmiendas del Senado, la Ley de Movilidad Sostenible concluye por fin su tramitación lo que permitirá a España recibir 10.000 millones de fondos europeos. En su anterior paso por el Congreso, la ponencia del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible estuvo a punto de decaer y se salvó gracias a un acuerdo a pocos minutos de la votación con Podemos, que cambió su voto del no a la abstención. La norma, de la que depende la recepción de fondos europeos, ya decayó una primera vez, como consecuencia del adelanto electoral en las anteriores elecciones generales.

Fruto de la abstención de Podemos, los votos favorables fueron 174 mientras que los votos en contra se quedaron en 170, en lugar de haberse producido un empate con los 4 votos de la formación morada que no hubiera permitido su aprobación.

La ley no incluye aspectos relativos al pago por uso de las autovías ni sobre las zonas de bajas emisiones, habilita pero no obliga a poner peajes en las ciudades y exige que las empresas con más de 500 empleados o con turnos de 250 aprueben planes de movilidad sostenible.

Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas, como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

La norma regula también soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomenta la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.

En este sentido, incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.

Paralelamente, crea un 'sandbox' de movilidad para probar soluciones innovadoras en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.

Para lograr estos objetivos, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación, y Consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones; el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (Domos).