Sus conclusiones sostienen que la investigación judicial de los atentados “no resolvió todos los interrogantes esenciales sobre el origen, la preparación y las posibles responsabilidades de los hechos, dejando abiertas cuestiones que afectan al derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer toda la verdad sobre lo que sucedió”.

Este partido considera “acreditada” la “existencia de una relación” entre Abdelbaki Es -Satty y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), apuntando que el primero “habría sido captado como colaborador mientras cumplía condena en la prisión de Castellón, en el marco de un acuerdo que habría facilitado su permanencia en el Estado pese a la existencia de una orden de expulsión”.

Respecto a la muerte de Es Satty, Junts considera que no fue “acreditada de manera indubitada” y defiende la necesidad de “continuar investigando esta cuestión hasta disponer de una certeza biológica definitiva”. Además, sus conclusiones señalan que “continúan existiendo interrogantes relevantes sobre la explosión de Alcanar y los días previos a los atentados”.

Por este motivo, los de Carles Puigdemont proponen que la Fiscalía impulse nuevas diligencias judiciales para “aclarar todos aquellos aspectos que no han quedado resueltos”. Asimismo, uno de los ejes centrales del documento elaborado por Junts es “el reconocimiento del derecho a saber la verdad como un derecho de las víctimas y de la sociedad”.

Según Junts, este principio tiene que quedar “expresamente reconocido en la legislación vigente” y las instituciones tienen la “obligación de facilitar el esclarecimiento completo de los hechos”. En esta línea, propone reformar la Ley de Secretos Oficiales para evitar que la clasificación de documentos pueda impedir la investigación de posibles responsabilidades en casos de terrorismo.

A su vez, Junts plantea regular “de manera específica la figura de los colaboradores y confidentes de los servicios de inteligencia, estableciendo mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas”. Este partido cree que hay que “reforzar” la coordinación entre los cuerpos policiales y los servicios de inteligencia para mejorar la “capacidad de respuesta ante amenazas terroristas”.

En sus conclusiones, Junts también denuncia “ausencias graves en la atención, el seguimiento y las indemnizaciones a las víctimas de los atentados”. Por ello, reclama una reforma profunda de la legislación vigente para garantizar una reparación “integral, especialmente en relación con las secuelas psicológicas y los perjuicios que sufren familiares y víctimas indirectas y las situaciones en las que los autores de los atentados mueren antes de ser juzgados”.

Entre las reformas propuestas, Junts pide el reconocimiento exprés del derecho a indemnización por la muerte de un ‘nasciturus’ como consecuencia de un atentado terrorista y que las reformas legislativas relativas al derecho a la verdad, el reconocimiento de víctimas, las indemnizaciones y la protección de los afectados psicológicos tengan efectos retroactivos desde el 17 de agosto del 2017.

Para acabar, las conclusiones presentadas por Junts atribuyen responsabilidades políticas a responsables del Estado por “haber ocultado información relevante” y por “no haber favorecido el esclarecimiento completo de los hechos”.