La proposición de ley del PP busca adaptar la legislación española a las exigencias del Tribunal Supremo tras las sentencias que anularon reformas anteriores sobre multirreincidencia. La iniciativa incluye disposiciones específicas para combatir los hurtos multirreincidentes, estableciendo penas de prisión de uno a tres años cuando el culpable haya sido condenado por tres delitos de la misma naturaleza.

Además, propone agravar las penas por el hurto de dispositivos electrónicos susceptibles de contener datos personales (móviles, tabletas), reconociendo la especial protección que requiere la información contenida en estos aparatos y respondiendo al incremento de este tipo de robos en espacios públicos.

Asimismo, como elemento destacado, establece que las condenas firmes impuestas por tribunales de otros países de la UE tendrán efectos de reincidencia en España, siempre que no hayan sido canceladas según el derecho español. Esta medida pretende cerrar una importante laguna legal que permitía eludir antecedentes penales europeos.

"INSTRUMENTO DE PROPAGANDA"

En nombre del PP, Juan Milián defendió la conveniencia de la reforma porque hay otros dos textos legales -uno de su partido y otro de Junts- cuya tramitación no avanza en el Congreso mientras que los jueces tienen las “manos atadas” para atajar la multirreincidencia delictiva.

Milián dijo que una “hipótesis” sobre las reticencias del PSOE a aprobar una reforma de este tipo es que el presidente Pedro Sánchez actúa aquí por “pura empatía”, en clara referencia a los casos de corrupción que afectan a su entorno familiar y a la formación socialista.

Por su parte, en nombre del PSOE, la senadora María Luna acusó a los populares de promover el “populismo punitivo” y de usar el Código Penal “como instrumento de propaganda”.

Luna también sostuvo que la reforma que se planteaba venía a “criminalizar la pobreza” y que a los populares “les preocupa más quien hurta 300 euros en un supermercado por necesidad que quienes evaden millones a paraísos fiscales por ambición”. “Esa es su escala de valores: castigo para el débil y comprensión para los poderosos”, afirmó, al tiempo que recordó las “amnistías fiscales inconstitucionales” que dijo que aprobaron anteriores Gobiernos del PP.

JUNTS: “SIN ATADURAS”

La posición de esta senadora socialista causó indignación en la senadora de Junts María Teresa Pallarès, quien reprochó a esta parlamentaria del partido del Gobierno “qué rápido se le olvidan y borran sus compromisos que han tenido con nosotros (por Junts)”.

“Será por esto que ya hemos roto nuestro acuerdo con ustedes por rigor y por coherencia con nuestras posiciones, con rigor y con coherencia”, añadió esta representante catalana, quien dijo que la multirreincidencia es un problema que preocupa en Cataluña y que su partido va a defender reformas. Añadió que ahora lo harán “sin ataduras”, en alusión a sus anteriores pactos con el PSOE.

Por ello, Pallarés anunció que votaría a favor de la iniciativa del PP, pero que presentarían enmiendas al entender Junts que el cambio legal debe ir “un poco más allá”.

Por su parte, Igotz López, del PNV, se mostró en contra del planteamiento del PP aunque reconoció que la seguridad es un problema que preocupa a la ciudadanía, pero afirmó que el Código Penal debe ser una “herramienta preventiva, no punitiva”. Asimismo, Olaia Guarte, de EH Bildu, dijo a los populares que “mientras se habla de hurtos y de reincidencia, no se habla de corrupción”, en concreto la que destacó que afecta a esta fuerza política.