Así lo aseveró Cruset durante su intervención en el debate parlamentario, en la que afirmó que Junts “cumplirá” su “parte del acuerdo” y que “pasada esta ya solo les quedarán cuatro leyes”, que serán “tres nada más” al final del pleno, con la aprobación también de la ley de movilidad sostenible.

“Gocen de lo que han conseguido con su irresponsabilidad”, sentenció, al tiempo que acusó al Gobierno de “no entender que, sin mayoría absoluta, hacen falta acuerdos”, convencido de que la ley auspiciada por el Ministerio de Consumo “ha sido ejemplo también de la precariedad aritmética del bloque del Gobierno”, que, a su juicio, “ha perdido enmiendas claras por su falta de capacidad negociadora y, sobre todo, por no entender que el Gobierno no cuenta con la mayoría absoluta que piensa que tiene”.

En este punto, insistió en que “sin mayoría absoluta, se ha de negociar, de las negociaciones han de salir acuerdos y los acuerdos se han de cumplir”. “Esta es la esencia de la democracia y, si no se respeta, ya saben todos lo que pasa”, agregó, al tiempo que recordó al Ejecutivo que, en este contexto, “se puede aguantar el poder, pero no se puede gobernar”.

“Así que hoy, que nadie se equivoque, después de meses de trabajo, hoy se aprobará esta ley, pero será porque hace mucho tiempo que llegamos a un acuerdo y lo firmamos”, prosiguió, al tiempo que instó a “que nadie se emocione”. “Con el anuncio del bloqueo de la legislatura ya advertimos que esta era una de las cinco leyes cuya aprobación sí que permitiríamos”, incidió, al tiempo que juzgó “evidente” que, si su grupo “denuncia los incumplimientos del Gobierno”, no caerá “en el error de ser quien tampoco cumpla los acuerdos firmados”.

QUE NADIE SE EQUIVOQUE

En la misma línea, insistió en que “nadie se equivoque”, porque esta ley “no se aprobará porque haya cambiado nada” desde el día en el que Junts anunció que presentará enmiendas a la totalidad de todas las leyes que proponga el Ejecutivo. “Todo lo contrario, los días que han pasado nos han dado la razón de manera contundente”, estimó, al tiempo que avanzó que votarán a favor de la norma “porque es una ley de las pocas leyes en las que se ha respetado el acuerdo con Junts”.

“Por tanto, incorporadas nuestras propuestas, teniendo en cuenta que son positivas y necesarias para los catalanes, nosotros cumpliremos nuestra parte del acuerdo. Pasada esta ya solo les quedarán cuatro leyes y con la que trataremos después en el punto siguiente ya quedarán tres nada más. Gocen de lo que han conseguido con su irresponsabilidad”, resolvió.

LEY RECENTRALIZADORA

Con respecto al texto, criticó que la propuesta inicial de la ley la posicionaba como una “ley recentralizadora” que “atentaba directamente contra las competencias exclusivas” atribuidas a la Generalitat de Catalunya en materia de consumo.

“Esta era una ley nada respetuosa con lo que nos caracteriza en Cataluña y nos hace singulares. En este caso, era una ley nada respetuosa con el uso del catalán”, denunció, al tiempo que consideró que el texto original de la ley “dejaba los derechos lingüísticos de los catalanes completamente desprotegidos”, dado que, “en todos los trámites que hicieran los ciudadanos ante las empresas, solo se garantizaba el uso del castellano, se imponía siempre el uso del castellano”.

Tras afirmar que se trataba de una propuesta “sin ningún tipo de respeto por el catalán y un desprecio continuado hacia los ciudadanos de Cataluña”, subrayó que, por esta razón, durante el trámite parlamentario, la formación de Carles Puigdemont puso “sobre la mesa” los “elementos necesarios para corregir todas estas carencias e introducir las modificaciones necesarias para eliminar estas amenazas” que, a su entender, “había en ella para el catalán y Cataluña”.

En este sentido, explicó que la primera de esas modificaciones fue la incorporación de la ‘disposición adicional Cataluña’, que establece que la ley “actuará en Cataluña en lo que no se oponga al régimen competencial del Estatuto de Cataluña”. “Por tanto, primero el Estatuto, primero Cataluña y después esta ley”, remarcó.

En paralelo, mencionó la incorporación de todas las enmiendas denominadas lingüísticas, aquellas modificaciones que, según su punto de vista, “dan cobertura a los derechos lingüísticos de los catalanes” y “han permitido poner el foco de los derechos en los ciudadanos y no en las empresas que prestan los servicios o venden sus productos”.

“Para entenderlo de manera fácil, el derecho a utilizar el catalán vendrá dado por el lugar en donde esté ubicado o viva el cliente de una empresa y no por la buena voluntad de la empresa ni por donde esté la sede de la misma”, explicitó, al tiempo que afeó que a la “derecha y extrema derecha” les “explotase la cabeza” y se “rasgasen las vestiduras” por el hecho de que su formación se “atreviera a proteger así el catalán”.

Por último, puntualizó que “una empresa ha de entender que, si quiere vender sus servicios o productos para tener los dineros de los clientes catalanes, han de dirigirse a ellos en catalán”. “Sencillamente, o en catalán o sin nuestro dinero”, espetó.