La iniciativa solo sumó 170 votos a favor, frente a los 176 en contra de PP, Vox y Junts, y una abstención. Los tres partidos fueron muy críticos con Sumar, al que acusaron de urdir una operación de “blanqueamiento” como socio que es de un Gobierno que está “de corrupción hasta las cejas”. Sin embargo, la coalición liderada por Yolanda Díaz confiaba en sacar el apoyo de, al menos, PP o Junts, pero finalmente no será así y el Pleno del Congreso rechazará su propuesta.

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar y defensor de la iniciativa, pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios para iniciar la tramitación parlamentaria y se comprometió a dialogar con ellos para mejorar el texto. Además, fuentes de la coalición reconocieron que el discurso buscó persuadir a los independentistas catalanes al aludir a los casos de corrupción de Convergència i Unió (CiU) eludiendo que Junts nació de la misma coalición que protagonizó el caso judicial del 3%. “A lo mejor tenemos que empezar a elevar el tono”, señalaron resignados tras conocer la posición final de Junts.

El diputado independentista Josep Pagès pronunció un discurso muy duro con Sumar tras los reproches que le dedicó la semana pasada la vicepresidenta Yolanda Díaz en el fracaso de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Pagès dijo que la propuesta parece “una ocurrencia” y puso en duda “la voluntad” de Sumar de acabar la corrupción. Además, auguró que esta oficina anticorrupción será politizada como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No obstante, fuentes de la dirección del grupo parlamentario desvincularon el bronco debate de la reducción de la jornada electoral con la decisión de hoy.

Fuera como fuese, Junts volverá a endosar otra derrota parlamentaria al Gobierno de la mano de Vox y del PP, que se mofó de que el PSOE apoye la creación de una Oficina Anticorrupción cuando justo ayer, en Navarra, este órgano de índole autonómica emitió un dictamen en el que afirma que la adjudicación de las obras de los túneles de Belate por 76 millones de euros fue “nula de pleno derecho”. Esta mañana, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, pidió la dimisión de la presidenta del Gobierno navarro, María Chivite.

MUCHOS RECELOS

Más allá del rechazo de la oposición y Junts, la iniciativa había despertado muchos recelos en los propios socios del Gobierno e, incluso, en el PSOE.

Al mismo tiempo, Mikel Legarda, diputado del PNV, confirmó el ‘sí’ de su partido, pero señaló que no apoyará su aprobación definitiva si antes no se concretan una serie de “términos formales” que garanticen una “profunda transformación” del texto para, entre otras cosas, garantizar la independencia de la nueva oficina anticorrupción y aclarar su encaje en el Plan de Acción para la Democracia del Gobierno. Unas palabras que fueron suscritas por Cristina Valido, de Coalición Canaria.

Por su parte, los parlamentarios Francesc-Marc Alvaro y Oskar Matute, de ERC y Bildu, coincidieron en que es necesario introducir las herramientas necesarias para prevenir “una invasión” de las competencias autonómicas y ampliar su alcance a la Casa Real. Y Pepe Mercadel, del PSOE, reconfirmó que su partido presentaría enmiendas para “mejorar y encajarla” con la Agencia de Integridad Pública que ultima el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque finalmente no tendrá la oportunidad de hacerlo.

LA PROPUESTA

La propuesta de Sumar, registrada en marzo de 2024, recogía entre sus principales medidas la creación de una oficina con amplias funciones en la prevención, detección, investigación, erradicación y sanción de la corrupción. El nuevo ente tendría autonomía como autoridad independiente, con un director no afiliado a partidos políticos y un cuerpo de inspección seleccionado mediante oposición.

Sus funciones incluirían la investigación de irregularidades en el uso de fondos públicos y la imposición de sanciones severas que podrían ascender a 1 millón de euros a empresas en los casos más graves, así como la posibilidad de impedirles contratar con la administración pública durante tres años. Para las personas físicas, la sanción más alta prevista es de 400.000 euros.

Además, la oficina podría investigar el uso irregular de fondos públicos, requerir documentación a instituciones y bancos, e imponer sanciones como la prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.