El texto de Junts señala que, en los últimos años, se ha detectado un incremento significativo en las solicitudes de prestación por paternidad presentadas por trabajadores migrantes, especialmente en sectores como la agricultura o la construcción. “Algunas de estas solicitudes han generado preocupación por posibles fraudes, dado que se han presentado casos en los que se ha solicitado el permiso en múltiples ocasiones en un corto periodo de tiempo, alegando el nacimiento de hijos en países de origen sin aportar documentación plenamente verificable”, denuncia.

Por ello, dice que es necesario reforzar los mecanismos de control documental, especialmente cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera del territorio nacional, incorporando requisitos específicos de acreditación mediante certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles, garantizando así que las prestaciones se conceden exclusivamente en los casos que cumplen con los principios de legalidad, veracidad y finalidad de la norma.

En la defensa del texto, el diputado de Junts Isidre Gabin recordó que en el debate de hace dos semanas sobre la reducción de la jornada laboral ya mostraron su negativa a adoptar esta medida sin que antes se atendieran diferentes cuestiones que están afectando a las empresas de Cataluña. “Debería ser más fácil trabajar que pedir ayudas”, espetó Gabin, quien señaló que España tiene el doble de paro que la media de la Unión Europea.

Tras afear que en el debate no hubiera ningún miembro del Gobierno presente en el Pleno, puso el foco en los pequeños empresarios del sector del campo, de los que dijo que trabajan mucho más de 37,5 o de 40 horas semanales, aunque el Gobierno no lo sabe porque “vive de espaldas a la realidad”.

Además, indicó que los pequeños agricultores denuncian casos de fraude en los que se conceden permisos de paternidad y paternidad con documentos casi ilegibles y sin validez. Asimismo, advirtió de que hay quienes “empalman permisos” porque supuestamente tienen hijos de manera repetitiva en otros países, en los que además es legal que los hombres puedan tener más de una mujer. A su juicio, no atender estas cuestiones alimenta el voto “de la indignación”, en alusión al auge de partidos como Vox y como alianza Catalana.

ALIADO CRÍTICO

En esta iniciativa Junts tuvo como aliado crítico a Vox, cuyo parlamentario Juan José Aizcorbe, achacó la propuesta de Junts a su temor al auge de Vox y de Alianza en Cataluña. Tras dejar claro que la idea es “bienvenida”, acusó a Junts y a su antecesor, Convergencia, de “abrir las puertas” a una “inmigración incontrolada”, de manera que el 18% de la ciudadanía del “paraíso convergente” ya es extranjera. “Cataluña ha sido un laboratorio de ingeniería demográfica que ha debilitado la cohesión social”, apostilló.

El diputado del PP Agustín Parra destacó que “el fondo” de la iniciativa “apunta una cuestión real”, pues alude a “un fraude que existe, que se ha detectado y que requiere de una respuesta seria”. Dicho esto, discrepó de que se pongan “etiquetas” a una parte de la ciudadanía, cuando lo que debe haber son controles, supervisiones y control entre administraciones.

“La lucha contra el fraude exige determinación”, agregó Parra, quien exhortó al Gobierno a presentar un informe riguroso con datos y a impulsar medidas para garantizar el buen uso de todos los fondos públicos.

EN CONTRA

El resto de partidos se expresaron abiertamente en contra, empezando por el PSOE, pues la diputada Carmen Castilla manifestó que “no hay lugar” para introducir una legislación aplicable solo a una parte de la ciudadanía. “No cabe hablar de incumplimiento generalizado de la norma y no cabe cambiarla por casos anecdóticos”, ahondó.

No obstante, mostró “respeto” a Junts y evitó usar un tono duro, que sí reservó para el PP, a quien se dirigió para sacar a colación la situación de la sanidad en Andalucía. “Más pronto que tarde habrá un gobierno socialista en la Junta de Andalucía y esta pesadilla de los años del PP serán una pesadilla para los andaluces y andaluzas”, resolvió.

La parlamentaria de Sumar Julia Boada ironizó preguntando a Junts si para los trabajadores españoles proponen que “fichen cuánto tiempo están en casa”. “Combatir el fraude laboral se hace con más inspectores. No hace falta introducir más requisitos solo para los trabajadores migrantes”, argumentó. También espetó que los de Puigdemont “velan por comprar el discurso de la extrema derecha catalana, tan racista como la española”, a las que no se “imita”, sino que se las “combate”.

Contra el texto también se expresaron Podemos, PNV, Bildu y Esquerra, que coincidieron en criticar que la iniciativa de Junts “señala”, “estigmatiza” y “pone en la diana” a las personas migrantes, dificultando su burocracia y dejándoles en situación de desventaja.

Especialmente duro fue el diputado de Esquerra Jordi Salvador, rival político de Junts en Cataluña, quien arrancó su intervención sosteniendo que lo que aseguran los de Puigdemont es “falso”, por lo que él iba a “desenmascararlos”. En este punto, explicó que los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan que en 2025, en Cataluña, ha habido 22 casos sancionados por fraude con los permisos de nacimiento de menor. De ellos, nueve son españoles y 13 extranjeros.

“¿Es este un problema masivo? Ilústrese un poco, no mienta”, lanzó a Junts. Así, deploró que lleven esta propuesta al Parlamento solo por el único objetivo de “competir” con Alianza Catalana, pese a ser una medida “mezquina” y “racista”.