En concreto, los de Carles Puigdemont consideran que las decisiones demográficas “no se pueden tomar sin una planificación rigurosa” y alertan de que Cataluña puede afrontar “uno de los cambios demográficos más importantes de las últimas décadas sin que exista una previsión de sus efectos”.

En este sentido, Junts señala que hay dos iniciativas impulsadas por el Gobierno que tendrán un impacto “muy significativo”. Una es la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, que ha generado “cerca de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad de personas residentes en el extranjero”.

La segunda, según Junts, es el proceso de regularización extraordinaria, que “inicialmente tenía que beneficiar a unas 700.000 personas y que, según los datos disponibles, ya podría llegar a los 1,2 millones”. Una regularización que “se aprobó por la puerta de atrás” porque el Gobierno sabía que este partido “hubiese votado en contra”.

Este partido, recuerda que en marzo del año pasado registró en el Congreso una proposición de ley, cuya toma en consideración fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Podemos, para que la Generalitat de Cataluña asumiera las competencias en materia de inmigración.

CENSO ELECTORAL

Ahora, Junts, a través de la diputada Marta Madrenas, pide al Gobierno que se hagan públicos los estudios, informes y proyecciones demográficas que “tendrían que haber sustentado estas decisiones”. Si estos no existen, avisa, “se evidencia una grave falta de planificación ante unas medidas de grande trascendencia”.

Respecto a la batería de preguntas, Junts quiere que el Gobierno explique si el municipio propuesto por la persona interesada en su solicitud de inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se incorpora automáticamente al censo o si es objeto de una comprobación administrativa previa.

También pregunta al Ejecutivo si existen “instrucciones, circulares, protocolos, criterios internos o cualquier otro documento que regule la comprobación de la propuesta de municipio formulada por la persona interesada y la determinación del municipio y de la provincia de adscripción electoral.

A su vez, este partido también busca conocer qué documentación considera la Administración “suficiente” para justificar el municipio propuesto por la persona interesada, entre otras cuestiones.