La iniciativa insta al Gobierno a “cumplir la normativa vigente” y, si es necesario, “modificarla para introducir más garantías de transparencia y verificación”. Esta propuesta llega después de que las principales del sector agrario lleven desde 2022 “alertando sobre un uso indebido de esta prestación por parte de algunos trabajadores extranjeros contratados para las campañas de la fruta”.

Según estas organizaciones, dice Junts, se han detectado “casos reiterados de solicitudes múltiples o fraudulentas, en los que los solicitantes no justifican debidamente el nacimiento del hijo o su estancia efectiva en el país de origen”. Pese a los avisos, “denuncian que hasta ahora el Gobierno no ha actuado con la contundencia necesaria”.

Con esta iniciativa, Junts propone reforzar los requisitos de documentación cuando el nacimiento haya tenido lugar fuera del Estado, lo que incluye la obligación de presentar certificados de nacimiento, llegada y estancia, todos ellos validados por el consulado o la embajada española correspondiente y con “plazos estrictos”.

Estos “plazos escritos”, expone Junts, consisten en que la persona “tendría que presentarse ante la autoridad consular en un máximo de 15 días después del nacimiento y aportar pruebas de permanencia antes reincorporarse al trabajo”. En caso de incumplimiento de estos requisitos, “la propuesta establece la revocación de la prestación y el regreso íntegro del importe recibido”.

Junts aclara que con esta medida “no cuestiona el derecho de los trabajadores extranjeros a recibir la prestación por maternidad”, pero reclama “su uso responsable y ajustado a la ley”. Este partido asegura que la iniciativa cuenta con el apoyo explícito de las principales organizaciones agrarias.