Según detallan los textos registrados, uno para cada comisión, la relacionada con los atentados en Barcelona y Cambrils tiene como objetivo “saber la verdad y las implicaciones derivadas” del “peor atentado” perpetrado en “la historia reciente” de Cataluña que acabó con 16 víctimas mortales y más de 120 heridos.

Con esta comisión se pretende “aclarar cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas o de cualquier otra índole” en estos atentados y proponer medidas de “restitución o compensación para todas las personas” afectadas en estos atentados, así como para los familiares de las personas que murieron.

Sobre la otra comisión, Junts y PNV definen en el texto que la llamada ‘Operación Cataluña’ pretendía, a base de “elaborar pruebas falsas y filtrarlas en los medios de comunicación, desacreditar a los líderes y/o organizaciones vinculadas al independentismo catalán ante la opinión pública”.

Ambos partidos critican también que, en el marco de esta operación, “se ha podido realizar un espionaje ilegal a través de la intervención de los móviles de decenas de personas” con el “denominador común de tener una afinidad de tipo política en relación con la consideración de Cataluña como sujeto político”.

También recuerdan que el 28 de marzo de 2023 se constituyó la comisión de investigación sobre “las actuaciones del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial”, pero finalizó con la convocatoria de elecciones generales.

Por todo ello y ante la aparición de “nuevas informaciones”, Junts y PNV piden una comisión de investigación para, entre otros aspectos, conocer el “detalle” de la “implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales llevabas a cabo sobre líderes políticos, instituciones y otras personas”.

Asimismo, con esta comisión se busca identificar a todos los presuntos responsables políticos implicados, así como “conocer los contratos, gastos y procedimientos de contratación para el presunto desarrollo y compra y/o compra del software conocido como Pegasus u otras herramientas usadas presuntamente para espiar por parte de estamentos oficiales”.