Junts per Catalunya (Junts) presentó este martes una serie de enmiendas de “carácter técnico” a la ley de amnistía entre las que se encuentran que esta medida de gracia tenga efectos inmediatos en su aplicación y que se aplique desde el 1 de noviembre del año 2011 y no el 1 de enero de 2012.

Junts finalmente no se sumó al pacto entre PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG para modificar la ley de amnistía y presentó sus propias enmiendas, de las que muchas tienen “carácter técnico” y cuyo objetivo es “blindar” la ley de amnistía ante futuras actuaciones de los jueces.

En un comunicado, Junts expone que las enmiendas tienen carácter técnico y que se ha emplazado con el resto de fuerzas políticas favorables a la ley a “seguir trabajando hasta su aprobación definitiva para mejorar el texto, bajo la premisa de conseguir una norma amplia, garantista y que se base en el derecho europeo e internacional en materia de amnistías”.

Para este partido, toda ley “siempre es mejorable técnicamente y el trámite de enmiendas es justamente la oportunidad de hacerlo antes de su aprobación”. La voluntad de Junts “es continuar trabajando en la mejora de la ley hasta su aprobación definitiva y esto se hará en el ámbito parlamentario que se inicia a partir de la presentación de estas enmiendas”.

Asimismo, los de Carles Puigdemont exponen que el objetivo es “blindar la amnistía” a través de la inclusión en la ley de “todos los casos de persecución contra el independentismo sin excepciones y que sea aplicable en toda su extensión” y “que la ley de amnistía tenga efectos inmediatos en su aplicación”.

FECHA DE APLICACIÓN

En concreto, según puede verse en las enmiendas presentadas, este partido propone modificar la fecha desde la que se aplica la ley de amnistía. En la redacción del texto registrado por el PSOE en el Congreso la fecha era desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, y Junts propone que sea desde el 1 de noviembre de 2011.

Explica que es una “mejora técnica” por la que “se amplía el ámbito objetivo de la amnistía avanzando hasta el día 1 de noviembre de 2011 el periodo temporal para incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017”.

También propone una modificación del texto para que la ley de amnistía incluya “todos los actos que hayan sido declarados o estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable perseguidos a raíz de los hechos del denominado proceso independentista”.

Por ello, con el redactado propuesto evitan que el alcance de los efectos de la presente ley pueda “verse limitado por interpretaciones judiciales que, en base a una concepción del interés general que difiere de la del legislador, excluyan, de forma incongruente con la finalidad de la ley de amnistía, determinadas conductas que deben quedar encuadradas en su ámbito objetivo”.

DISPOSICIÓN NUEVA

Aunque en su gran mayoría son “mejoras técnicas”, Junts también propone una nueva disposición adicional que “garantiza la aplicación inmediata de la ley de amnistía, y por tanto impide que se desvirtúe el interés general que persigue, mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia”.

Las dos enmiendas que introducen esta nueva disposición justifican su inclusión ante la “inclinación” de “ciertos sectores del Poder Judicial" a “agotar todas las vías necesarias para reducir al máximo su inmediata aplicación”, “unas legítimas, otras no, pero todas jurídicamente viables”.

Junts busca así blindar la amnistía ante la posibilidad de que se hagan “interpretaciones restrictivas de los supuestos dudosos”, se presenten recursos ante el Tribunal Constitucional o se planteen cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podrían derivar en la suspensión de la amnistía. “Por el contrario, de no introducirse ninguna referencia, podría entenderse que quedan abiertas las dos vías (cuestión prejudicial e inaplicación directa)”.

ÓRDENES DE BUSCA Y CAPTURA SIN EFECTO

También añaden modificaciones en el redactado para dejar claro que “en el momento de la entrada en vigor de esta ley” quedarán “sin efecto”, por ejemplo, las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención.

A su vez, presentan una enmienda para incorporar los delitos contra la comunidad internacional “entre las expresas exclusiones contempladas en la ley de amnistía para cumplir con los cánones internacionales en esta materia” y para “sacar de entre las exclusiones los delitos de terrorismo que, en la forma en que actualmente viene redactado” en la ley de amnistía, “presentaba visos de inconstitucionalidad”.