Según expone Junts en la iniciativa, Cataluña afronta una “tensión social sostenida derivada de la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y trabajadores, del aumento de la presión fiscal del Estado y del incremento generalizado del coste de la vida, especialmente como la energía y la vivienda”.

Para los de Carles Puigdemont, el escudo social tiene que ser “estructural, coherente y sostenible financieramente”. Al mismo tiempo, este, según Junts, tiene que “garantizar derechos efectivos, pero también seguridad jurídica y estabilidad institucional, evitando trasladar cargas estructurales a la Generalitat, a los entes locales o particulares".

Por tanto, el mismo día que caerá el real decreto del Gobierno sobre el escudo social con el rechazo de PP, Vox y Junts, los de Puigdemont lanzan una propuesta para instar al Ejecutivo a asumir “íntegramente” el coste real de todas las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus competencias exclusivas en esta materia.

En concreto, con esta propuesta Junts reclama que cualquier ampliación de derechos sociales incorpore la “financiación suficiente”. En materia de dependencia, pide que la aportación estatal en Cataluña “supere el 50% del coste real del sistema, con actualización del nivel mínimo de financiación y publicación anual”.

VIVIENDA Y DESAHUCIOS

En vivienda, reclama la cesión inmediata a la Generalitat, a los municipios y a los consejos comarcales de la totalidad de los suelos, solares y viviendas situados en Cataluña titularidad de la Sareb, y esta tiene que ir acompañada por la financiación necesaria para la rehabilitación u activación de los activos con finalidad socia o asequible.

Centrándose en el escudo social, Junts propone acabar con las medidas de suspensión generalizada de desahucios y que las okupaciones no cuenten con ningún tipo de protección. El objetivo de este partido es que la protección de la vulnerabilidad “sea asumida por la Administración y en ningún caso por los particulares”.

De hecho, plantea articular un procedimiento administrativo de urgencias con dotación presupuestaria para que, en estos de desahucios por falta de pago del alquiler de las personas vulnerables, acorde al punto 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Estado puedo pagar la deuda pendiente.

Esta iniciativa también reclama culminar el traspaso efectivo y operativo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat de Cataluña, y, en el ámbito energético, Junts propone suprimir con carácter general el gravamen del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica con tal de reducir la factura que pagan las familias.