Ciberseguridad

Junts reprocha a Sánchez no haber hecho “los deberes” con la aplicación de directivas europeas en materia de ciberseguridad y entidades críticas

MADRID
SERVIMEDIA

Junts ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez el retraso en trasponer directivas europeas en materia de ciberseguridad, como la NIS2, cuyo plazo venció en octubre de 2024, y ha considerado que deberían “acelerar” todo el proceso para cumplir el calendario de otra directiva, la CER, que define entidades críticas y pensada para aumentar su resiliencia ante riesgos de fallos en la prestación del servicio.

Para la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, no hace falta un apagón de la magnitud de lo vivido este lunes para ponerse las pilas, hacer “los deberes” y cumplir con los plazos para trasponer directivas clave, como la NIS2 o la CER. O como ha trascendido este miércoles, tener una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional, ya que la que está en vigor tiene diez años de antigüedad y está obsoleta.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado enero el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad y, cuando sea aprobada de manera definitiva, incorporará la NIS2 al ordenamiento jurídico español, con medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea.

Esta norma debería reforzar la protección de las redes y sistemas de información que son cruciales para el desarrollo de la inmensa mayoría de las actividades sociales y económicas actuales, y que están sometidas a graves ciberamenazas y riesgos que requieren respuestas adaptadas y coordinadas.

Para Junts per Catalunya, también es “indispensable” que el Gobierno cumpla esta vez los plazos con la Directiva CER --aprobada junto a la directiva anterior y que también debería haberse traspuesto en 2024-- y que tiene como objetivo mejorar las capacidades de resiliencia para hacer frente a los riesgos en la prestación de servicios esenciales y críticos, como son interrupciones en ferrocarriles, la generación de energía u otras infraestructuras y sectores estratégicos.

Los Estados miembro tienen hasta julio de 2026 para adherirse y antes deben definir cuáles son entidades críticas, que pertenecen a once sectores, e identificarlas.

En caso de un incidente, esta directiva prevé que en 24 horas tras la detección del incidente que cause una interrupción en la prestación de servicios esenciales, se solicitará a la entidad crítica una notificación inicial a la autoridad competente, con información sobre la naturaleza, causa origen y posibles consecuencias del incidente, así como posibles impactos transfronterizos. Una vez haya transcurrido un mes, deberá entregar un informe detallado del impacto y usuarios afectados.

(SERVIMEDIA)
30 Abr 2025
s/gja

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